El abogado de J. C. V., el único de los funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cáceres implicado en el supuesto caso de corrupción detectado en el citado organismo que se encuentra en prisión, ha solicitado su puesta en libertad. Lo hizo el pasado día 30 de octubre a través de un recurso de apelación interpuesto ante la Audiencia Provincial contra el auto de prisión provisional decretado por el Juzgado 5 de Cáceres.
El letrado Juan María Expósito (en la foto) considera "absolutamente desproporcionado" que para J. C. V. se haya decretado la prisión provisional, "pues no existen pruebas concretas contra él, sino simples sospechas". Pide, por ello, que en breve se decrete su libertad, "sin otra obligación que la presentación periódica que se estime procedente, o bajo la fianza que prudencialmente se fije", recoge en su recurso.
La finalidad de la prisión provisional es evitar que el imputado "pueda alterar las fuentes de prueba" influyendo en las personas a las que hay que tomar declaración sobre el caso o accediendo a los expedientes administrativos y los archivos informáticos. Así se justifica en el auto de prisión, pero Expósito estima "erróneo" el juicio de valor que sustenta este razonamiento. Sus argumentos: el hecho de que los expedientes administrativos y archivos informáticos ya han sido incorporados a las diligencias, "lo que hace imposible su alteración por los imputados"; así como que el eventual contacto con otras personas que hayan de declarar ni siquiera se impide, "pues se ha decretado la prisión de mi defendido, pero no su incomunicación".
