La sección segunda de la Audiencia Provincial ratifica la absolución de las tres docentes implicadas en el caso de acoso escolar del colegio Sagrado Corazón. El juez rechaza el recurso interpuesto por los padres del menor que sufrió acoso y confirma el dictamen que firmó el juzgado de lo Penal 1 que exculpaba en 2017 a las tres profesoras del delito contra la integridad moral en su modalidad de comisión por omisión que se les imputaba. Cabe destacar que al contrario que la anterior, esta sentencia ya es firme puesto que la acusación particular no presentará recurso.

Los hechos se remontan a 2012 cuando el alumno sufrió varios episodios de acoso escolar tanto dentro como fuera del aula. El juzgado de menores condenó a cuatro alumnos por estos hechos a realizar tareas socioeducativas durante un año. Los padres del alumno acosado interpusieron una denuncia contra la directora, la orientadora y la tutora de la clase. Pedían 18 meses de prisión y cinco de inhabilitación para cada una de ellas porque consideraban que ninguna «llevó a cabo acciones para identificar a los autores y para que la situación se volviera a repetir». La fiscalía no vio delito. El caso llegó a juicio en junio del 2017. Durante la vista, las profesoras declararon que se activó el protocolo del plan de convivencia del colegio y reconocieron que no se abrió expediente porque nunca consideraron que «lo que ocurría pudiera entenderse como acoso escolar, sino que se trataba de un conflicto puntual».

En la sentencia del juzgado de lo Penal 1, el magistrado no consideró probado «que hicieran dejación de funciones porque llevaron a cabo medidas orientadas a frenar lo que estaba ocurriendo y a proteger al menor víctima de este acoso».

Según el dictamen del juez al que ha tenido acceso este diario, está probado que en el recreo del 13 de diciembre de 2012 después de que se produjese un altercado «cuyo alcance no queda acreditado», la tutora y la orientadora intervinieron de forma «inmediata» y se ocuparon de tranquilizar al estudiante y de reprender a sus compañeros. Del mismo modo, la directora habló con los padres e informó a la comisión de coordinación pedagógica en diciembre 2012, que acordó, como medida de intervención el refuerzo de la vigilancia. También considera «acreditado» que la inspección de educación estuvo al día de las medidas que se adoptaron desde el centro.

La defensa de las tutoras, que ha llevado a cabo la federación de sindicatos independientes de la enseñanza de Extremadura (FSIE), muestra su «satisfacción» por la resolución del juez. El abogado Roberto Vicente, que ha coordinado la defensa junto a Juan Quirós, asevera a este diario que desde el sindicato «han defendido la inocencia de las trabajadoras durante todo el proceso judicial» y apunta que el veredicto de la audiencia «dignifica la labor de los docentes de la enseñanza privada concertada que había sido puesta en tela de juicio». Este diario intentó ponerse en contacto con Emilio Cortés, abogado de la acusación particular, pero no fue posible establecer contacto.