La orden de expulsión del país de Mussa Baldé ya está en vigor. El dictamen para el ciudadano cacereño Guinea Bissau estaba en trámite hasta ayer. Contra él cabe un contencioso administrativa. Su abogada recurrirá la sentencia, pero una vez activa, si le detienen, su destino será el Centro de Internamiento de Inmigrantes a la espera de ser deportado a su país de origen.
El recurso que le quedaba hasta ahora para que revocaran su orden de deportación era una solicitud de arraigo laboral que pasa por conseguir un contrato laboral de al menos un año de duración. En la información que publicó EL PERIÓDICO EXTREMADURA el cacereño reclamaba una solución a una situación que se ha prolongado durante los treinta años que lleva en el país. A Cáceres llegó hace cuatro.
Según relató a este diario, huyó del país a los 24 años -tiene 53- por las consecuencias de la guerra. Aterrizó en Portugal con permiso de trabajo. Unos meses más tarde viajó a Canarias e intentó regularizar su situación, pero no pudo. Se enamoró y tuvo una hija que vive en las Islas Canarias y que ahora es mayor de edad. Volvió a Madrid, estuvo empleado en la construcción y cuando acabó su contrato y decidió regresar a las islas. Residió un tiempo en Canarias hasta que un amigo suyo le consiguió un contacto con el dueño de un puesto de venta ambulante en Cáceres. En un control, la policía dio cuenta de su situación irregular y lo trasladaron temporalmente al Centro de Internamiento de Emigrantes (CIE) en Madrid. Pasó el tiempo máximo y luego lo trasladaron a Cáceres de nuevo.
Desde entonces, su situación ha empeorado. Ahora se encuentra desempleado y vive compartiendo piso con una mujer en su misma situación. Su alojamiento lo costea Cáritas y acude a comer al comedor social. La subdelegación del Gobierno está al tanto de su situación, pero arguye que en su caso acumula antecedentes en España, un detalle que complica cualquier recurso. La defensa de Mussa reclama una oportunidad y lamenta el guineano carece de «arraigo» a su país tras treinta años fuera.
