El gobierno, en un acuerdo que tomó la junta local el 28 de julio, acordó que se ejecutasen las sentencias que en primera instancia y ratificadas por la audiencia reconocían la resolución de contratos de compra venta de viviendas que el ayuntamiento promovió en la década de los ochenta en Aldea Moret y la restitución de la propiedad al consistorio si no se hacía frente al pago. Entre las situaciones analizadas en los dos procesos están no solo la de impagos, sino también permutas o transmisiones a terceros sin antes haber completado el abono al ayuntamiento. En una de las sentencias, de la audiencia de julio de 2014, se apunta que la falta de pago de la vivienda tiene «carácter de incumplimiento grave por lo que la resolución contractual queda justificada». Este proceso afectó a una veintena de particulares. En el otro proceso, referido al bloque B de la calle Ródano, también hay una veintena de afectados. En la sentencia de instancia sobre el bloque B de Ródano se concluía que se pagaba o se resolvía el contrato. En el otro proceso, el juzgado declaró la resolución de contratos suscritos en abril de 1988 y la nulidad de cualquier acuerdo que amparase la ocupación de las viviendas.