La acusación, ejercida por el abogado Angel Luis Aparicio en representación de los hosteleros denunciantes, estima que existen suficientes indicios de criminalidad en este caso. Por ello, considera que no procede sobreseer las actuaciones y que la única resolución ajustada a derecho es continuar la tramitación, "so pena de permitir, a partir de una injusta resolución de sobreseimiento, el que el gobierno municipal utilice un bien de dominio público a su antojo".
Valorando lo probado hasta la fecha, estima acreditados los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por parte de los responsables municipales. El primero, "porque arbitrariamente se dictó una resolución verbal, sin expediente administrativo, como obliga la ley, cediendo un terreno público", y el segundo, "porque no se ha cobrado ni un solo euro en la cesión del suelo y tampoco se ha solicitado fianza de garantía del suelo cedido".
