El juicio contra los seis presuntos ´narcos´ de la ´banda de Eljas´ sufrió ayer una nueva suspensión --fue aplazado el 28 de octubre del 2002 y el 24 de febrero pasado--, aunque en este caso es temporal. La Sala decidió suspender la sesión y reanudarla hoy tras estudiar las cuestiones previas que los abogados defensores de los acusados plantearon en la vista de ayer.

Todas las defensas, en unanimidad, solicitaron la nulidad del proceso por considerar que se han vulnerado derechos fundamentales de los procesados. Cuestionan, especialmente, la legalidad de las escuchas telefónicas, "que es la fuente de donde nacen estas actuaciones, la principal prueba alegada por el Ministerio Público para abrir este proceso".

"Todo el mundo tiene derecho a que sus intervenciones, en este caso telefónicas, se realicen bajo un control judicial, por un motivo, con un razonamiento y una forma de derecho", manifestaron los abogados defensores. Estos añadieron que en este caso "las intervenciones se han llevado a cabo de forma aleatoria, sin estar convenientemente motivadas".

MESES DE INVESTIGACION

Para los letrados, de decretar la Audiencia Provincial la nulidad del proceso, "el juicio no procedería, al menos en lo que respecta al delito contra la salud pública, en grado de conspiración, que se imputa a los seis procesados y que está basado, exclusivamente, en las escuchas telefónicas". Caso aparte es el del imputado Bruno M. F., al que la Guardia Civil detuvo con 64,252 kilos de hachís escondidos en su vehículo.

El caso de la ´banda de Eljas´ se remonta a noviembre de 1999, cuando el Grupo de Investigación Fiscal y Antidroga de la Guardia Civil, ante la sospecha de que el matrimonio formado por Bruno M. B. y Ana María M. R., con domicilio en Eljas, se dedicase a la venta de sustancias estupefacientes, solicitó a la autoridad judicial autorización para la intervención y escucha de sus teléfonos.

Tras varios meses de escuchas y otras investigaciones, fueron detenidos el matrimonio así como el agente de la Guardia Civil Juan José C. F., y Juan M. C., Lucio F. M. y Julián B. G. Se les acusa de delitos contra la salud pública, solicitando para ellos el Ministerio Fiscal penas que suman 57 años de prisión y multas que ascienden a un total de 652.385 euros.