La Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex) instó ayer al subdelegado del Gobierno en Cáceres, Fernando Solís, a que sea "exhaustiva" la investigación abierta sobre 35 expedientes presuntamente irregulares pertenecientes al proceso de regularización finalizado en mayo pasado. El caso, que ya está en manos del Juzgado de Instrucción número 6 de Cáceres, incluye investigar también a los funcionarios de la subdelegación.
Ante esta información, Adhex solicita en un comunicado al subdelegado gubernativo que se depuren las posibles irregularidades, fueran o no cometidas por los funcionarios de Extranjería.
Asimismo, la asociación exige que, en caso de demostrarse la implicación de los funcionarios en estos casos, se dé traslado al Ministerio Fiscal por los posibles delitos que se hubieren cometido.
A este colectivo le preocupa que "una vez más, hay quien se aprovecha de la desesperación de los inmigrantes por regularizar su situación en nuestro país y la posibilidad de que en caso de haber actuado de buena fe pudieran ser víctimas de un delito de estafa por parte de empresarios y/o funcionarios".
