El exteniente de alcalde de Sierra de Fuentes (PP), Adrián Guerra, declaró ayer ante el juez que no sabía que era ilegal la operación urbanística que promovió el ayuntamiento con la constructora Abreu desde el 2004 para edificar varias hectáreas de la dehesa boyal y que ahora es motivo de una investigación judicial para aclarar si los mandatarios municipales cometieron un delito de prevaricación, según informaron a este diario fuentes del caso.
El equipo de Gobierno de entonces, liderado por Andrés Guerra (IU) gracias a un pacto con el PP, aprobó crear una sociedad de capital mixto con la constructora saltándose, según la Fiscalía, el ordenamiento jurídico en materia de información, contratación y gestión urbanística que rige los ayuntamientos.
El juez titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1, Federico Alba, tomó ayer declaración a Adrián Guerra como imputado en el caso y a Alejo Nevado, exalcalde socialista del municipio y entonces en la oposición, quien compareció en calidad de testigo. Las declaraciones se prolongaron durante más de tres horas.
COMPARECENCIAS A lo largo de la semana ya han testificado otros implicados en la trama, entre ellos el exalcalde Antonio Luis Díez, y hoy está previsto que comparezcan ante el juez como imputado Julián Polo, que formó parte del grupo de mandatarios que aprobaron la operación, aunque posteriormente fue quien la denunció a la justicia ante los indicios de ilegalidad, y el abogado Iván Caldera Rodríguez, que actuó de asesor jurídico externo del ayuntamiento.
Precisamente Julián Polo promovió, con el apoyo de Alejo Nevado (PSOE), una moción de censura contra el alcalde Antonio Luis Díez. Tras la moción, Polo accedió a la Alcaldía de Sierra de Fuentes, paralizándose la operación y poniéndola en conocimiento de la Junta de Extremadura y de los tribunales.
Alejo Nevado testificó durante más de una hora, aunque posteriormente declinó hacer declaraciones a la prensa. Se limitó a manifestar que todo esto --refiriéndose al caso-- "me desagrada enormemente" ya que, recordó, "estoy retirado de la política a todos los efectos", por lo que dijo estar "muy tranquilo" porque solo había declarado como testigo.
"ILEGALIDAD MANIFIESTA" Este periódico pudo saber de fuentes jurídicas del caso que en su declaración ante el juez fue contundente al reiterar que efectivamente tanto el PSOE como Julián Polo detectaron una "ilegalidad manifiesta" en la operación, de ahí que decidieran presentar la moción de censura.
Por su parte, Adrián Guerra, quien además de exteniente de alcalde presidiría el consejo de administración de la sociedad limitada creada por el ayuntamiento y Abreu (Sociedad Desarrollo Integral Sierra de Fuentes 21), testificó desconocer que se estuviera realizando nada ilegal con la operación y que en todo momento se fió de los informes técnicos que avalaban supuestamente el negocio , según informaron las mismas fuentes.
Todavía no hay fecha para que declaren algunos de los implicados clave, como el entonces alcalde, Andrés Guerra, y el arquitecto municipal, Francisco Serrano Candela, que avaló la gestión. La causa está en fase de instrucción y se prevé que la toma de declaraciones se prolongue hasta octubre. Después, el juez tendrá que decidir si realmente hay indicios de delito de prevaricación urbanística. De concretarse que lo hubo, la causa pasaría al Juzgado de lo Penal para juicio.
