Los dos policías de la Brigada de Extranjería de la Comisaría de Cáceres que en noviembre del 2001, tras más de nueve meses de investigación, fueron detenidos por presunta corrupción en la legalización de inmigrantes proclaman su total inocencia y mantienen que son víctimas de una trama policial.
Así lo pusieron ayer de manifiesto en el inicio del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial, un juicio para el que, en principio, se han fijado cinco días de vista, pero que es seguro se prolongará bastante más.
La sesión de ayer, a la que numerosos familiares y compañeros de los imputados asistieron "en señal de apoyo", se centró en las intervenciones de los cuatro abogados de la defensa y del Ministerio Fiscal, y en las declaraciones de los cinco imputados, el oficial Francisco S. D., el agente Eloy S. R., y las marroquís Chafya E. G., Amina E. G. y Fátima N.
Los dos agentes procesados negaron todas las acusaciones, como haber emitido expedientes falsos para extranjeros y haber obtenido beneficios económicos por éstos, alegando que ellos no emiten los informes, "esto es competencia del jefe de la brigada, posteriormente del comisario y finalmente de la subdelegación, que es la autoridad competente".
Tanto ellos como sus abogados mantuvieron en sus intervenciones que muchas de las actuaciones realizadas durante la investigación "fueron provocadas" para incriminarles, culpando de ello a los agentes de Asuntos Internos e incluso a sus superiores.
En definitiva, dejaron entrever que son víctimas "de una trama policial" que incluso uno de los abogados llegó a relacionar durante la vista con una investigación llevada a cabo con anterioridad en la propia Subdelegación de Gobierno, motivo por el que el presidente de la Sala llamó al orden al letrado y advirtió que no va a permitir que durante el juicio se relacionen ambos asuntos.
VULNERACION DE DERECHOS
Los cuatro abogados de los acusados, que basan su defensa en la inocencia de sus defendidos, expusieron en sus alegaciones preliminares "que en este proceso se han vulnerado sistemáticamente los derechos procesales y fundamentales" de los imputados.
Criticaron, de forma específica y generalizada, las pruebas practicadas durante la instrucción de la causa, muy especialmente las intervenciones telefónicas, así como la falta de control judicial, "pues esta instrucción ha sido dirigida claramente por la policía, por la Unidad de Asuntos Internos, y no por el Juzgado".
Pidieron a la Sala que se pronuncie sobre las vulneraciones alegadas, cosa que según puso de manifiesto el presidente se hará en sentencia para no dilatar aún más este proceso judicial.
Para el fiscal los delitos que se les imputan, revelación de información, continuado de cohecho para comisión de delito y de falsedad en documento oficial y contra los derechos de los trabajadores, están fundamentados, y mantiene la petición de 15 años de prisión y 20 de inhabilitación.
El juicio continuará hoy con las declaraciones de los testigos de cargo, los policías de la Unidad de Asuntos Internos encargados de las investigaciones.
