El alcalde de Ceclavín, el socialista Pedro Martín González, alega ante el juez que, cuando firmaba las licencias municipales de obras, lo hacía avalado por los informes técnicos de la aparejadora del municipio y no era consciente de que cometía una ilegalidad. Además, indica que, en su opinión, se trata de una cuestión personal de la aparejadora porque, hasta 2006, siempre suscribió los informes, pero, desde esa fecha y tras el ingreso del pueblo en la mancomunidad, se prescindió de sus servicios.

Por otro lado, durante el juicio celebrado esta mañana, el abogado defensor declara que no entiende por qué se trata el tema por la vía penal, cuando lo adecuado hubiera sido emprender un contencioso administrativo y solicitar la anulación de las resoluciones.

Por último, la fiscal mantiene su petición de dos años de cárcel y diez de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público por considerar que el delito continuado de prevaricación urbanística está demostrado.