La diputación ratificó ayer en un pleno extraordinario los presupuestos para el 2005 tras rechazar una alegación presentada por la asociación de vecinos de Fernando V, una pedanía dependiente del Ayuntamiento de Alcollarín, situada a unos 20 kilómetros de la localidad. Las cuentas fueron aprobadas inicialmente el 9 de diciembre con los votos en contra del PP.

Este colectivo presentó el pasado 29 de diciembre un escrito en la institución provincial en la que pedía a la diputación que destinase una cantidad específica al alumbrado público de la pedanía. Durante el pleno, la vicepresidenta Ana Guerra explicó que no es posible atender esta serie de peticiones, ya que los vecinos tenían que haberlas hecho ante su ayuntamiento. En este sentido, añadió que Alcollarín está incluido en el plan de inversiones para este ejercicio.

Sin embargo, el portavoz popular, Fernando Manzano, argumentó para defender la posición de su grupo que "las instituciones deben garantizar los servicios básicos de los ciudadanos" y apoyó las "carencias en alumbrado público y otros servicios públicos" denunciadas por los vecinos de esta pedanía de Alcollarín. Manzano pidió al equipo de gobierno que "tomara cartas en el asunto" y calificó al alcalde socialista del municipio, Antonio Adrián Rodríguez, de "sectario" por su forma de proceder en este asunto.

Sin embargo, el regidor explicó ayer a este diario que en la pedanía, que fue un pueblo de colonización y cuenta con 28 viviendas, sólo vive un matrimonio desde hace un año y que éste es el único que está empadronado en Alcollarín. Aseguró que el resto de los miembros de esta asociación demandante no residen en la pedanía y son "una pandilla de señoritos" residentes en Madrigalejo, Mérida, Badajoz y Villanueva de la Serena.

FUERA DE LA LEY El alcalde fue más allá al afirmar que esta asociación no está dada de alta en el ayuntamiento porque no reúne los requisitos necesarios. Rodríguez Santos anunció que va a solicitar a la Junta su anulación y reconoció que la pedanía llevaba "abandonada" treinta años.

Asimismo, indicó que hace tres años se vio obligado a acudir al catastro para que se pudiesen vender estas viviendas, "ya que nadie pagaba la contribución". El regidor fue taxativo al afirmar que los vecinos se negaron a asumir el coste del alumbrado de la pedanía cuando se lo propuso y afirmó que urbanizar la zona costaría 120.000 euros (20 millones de pesetas). Asimismo, consideró un hecho "sin precedentes" que se hubiera tenido que convocar un pleno para atender la alegación.