Ni las firmas en la plataforma change.org ni sus apariciones en los medios de comunicación (la última en este periódico el pasado 15 de junio) sirvieron para que Alonso Sánchez González consiguiera ver resuelta su reclamación de subir al autobús a bordo de su silla eléctrica. En la madrugada de ayer falleció con tan solo 66 años a consecuencia de los problemas pulmonares que padecía, los mismos que le postraron en la silla hace ya siete años. Su muerte ha producido consternación en la ciudad, donde era muy conocido y querido.

Casado con María Luisa y padre de tres hijos, Gema, Paqui y Alonso, ayer el menor de ellos habló para este diario: «Mi padre vivía en Logroño y, al jubilarse mi madre, su sueño era el de volver a Cáceres, pero nunca pudo montar en autobús, un derecho que llevaba reclamando desde hacía dos años. En Logroño los autobuses sí están adaptados y en Tenerife, donde yo resido, también. Pero con toda su ilusión que tenía por venirse a Cáceres y al final ha estado toda esta etapa luchando. Durante mucho tiempo estuvo sin salir de casa, hasta que conseguimos la silla, pero cuando la tuvo, cada vez que tenía que desplazarse al centro desde Mejostilla tenía que utilizar un taxi», con el consiguiente desembolso de 10 euros que ello suponía.

«Todos somos ciudadanos por igual, seamos cacereños residentes o no, y tenemos todo el derecho a poder utilizar el transporte público de Cáceres, más concretamente el autobús urbano, para poder trasladarnos de un lugar a otro de la ciudad. Si comporta llevar con nosotros una scooter o una silla de ruedas, ya que poseemos una minusvalía, no se nos puede denegar el acceso debido a una normativa que está obsoleta y anticuada, ya que se nos excluye injustamente por nuestra situación personal y física. Esto precisamente le está pasando, desde hace ya mucho tiempo, a mi suegro Alonso Sánchez González y, a pesar de las innumerables quejas interpuestas por él, y por parte de usuarios en una situación similar, el Ayuntamiento de Cáceres no tan solo no da solución alguna sino que además mantiene un silencio administrativo inexplicable», rezaba la petición que su familia elevó a la plataforma change.org en busca de la recogida de firmas por su caso.

El ayuntamiento contestó entonces que la silla motorizada que usaba Alonso no garantizaba en todo momento la seguridad tanto del usuario como del resto de viajeros del autobús urbano. Indicó que la scooter excedía las medidas para velar por la seguridad tanto en longitud como en peso y anclaje.