Trihalometanos. La palabra maldita la pronunció la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en febrero del 2006, cuando en un informe alertó de que el agua de Cáceres no era legalmente potable por su alto contenido en esta sustancia. Aseguró incluso que los trihalometanos tienen dos compuestos --cloroformo y bromodiclorometano-- que ingeridos en cantidades excesivas y de forma continuada "son posiblemente cancerígenos", según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.
Aquel estudio de la OCU se realizó entre finales de septiembre y principios del 2005 en 50 capitales de provincia con 57 muestras de agua del grifo, aunque la organización no dio a conocer sus conclusiones hasta el año siguiente. Cáceres era, no obstante, la peor parada en estos análisis si se tiene en cuenta que el denominado "límite de seguridad" del índice de trihalometanos no debía superar entonces los 150 microgramos por litro y en la capital cacereña alcanzaba en aquel momento los 250.
No obstante, la OCU aclaró que aunque las muestras de agua reflejaron que no era potable debido al exceso de esta sustancia, ello "no significa que haya que dejar de beberla" e instó a los ayuntamientos a que resolvieran el problema.
Lo malo es que aquel informe iba a más, situando también a Cáceres en una situación negativa en cuanto a conductividad y dureza del agua. Por medio de la conductividad se puede conocer la cantidad de sales minerales disueltas que el agua arrastra a su paso por los distintos suelos que atraviesa. Su presencia en cantidades bajas es normal, pero la OCU explicaba que cuando sobrepasan los niveles admitidos "su exceso puede agravar la situación de enfermos cardiovasculares y del sistema urinario".
La querella
Aquel informe no gustó al por entonces alcalde, José María Saponi, ni a su equipo de gobierno (PP), que anunció incluso una querella contra la OCU. De hecho, los servicios jurídicos de Canal de Isabel II emprendieron acciones legales contra la organización e incluso la Asociación Española de Abastecimientos de Agua aseguró que no había peligro para el consumo y pidió que cesara la alarma social originada.
Ahora, con las obras que ejecuta Hispanagua --la actuación la adjudicó el ayuntamiento el pasado 12 de junio-- se prevé que el problema se solucione. Los trabajos se desarrollan en la estación depuradora, enclavada próxima a la carretera N-521, que une Cáceres con Trujillo. La captación de agua se realiza actualmente desde la presa del Guadiloba, con capacidad de almacenamiento de 20,41 hectómetros cúbicos. Debido a las irregularidades de aportación se bombea agua también desde el río Almonte.
El agua desde la estación depuradora se suministra a Cáceres y su zona de influencia, que incluye Malpartida de Cáceres y Sierra de Fuentes, con los que se cuantifica una población total que supera los 100.000 habitantes y con una demanda total de 10,8 hectómetros cúbicos/año.
