La Asociación Nacional del Profesorado (ANPE) ha considerado inaceptable que una grabación de voz "producida en un aula y descontextualizada" pueda ser considerada como prueba en la denuncia por maltrato a una menor autista presentada contra la directora de un colegio cacereño.
En una nota, ANPE manifiesta su "más sincera preocupación" por lo acontecido en el San Francisco de Cáceres, ya que toda la información que tienen es "por los medios de comunicación y exclusivamente por parte de la familia denunciante".
Desde ANPE entienden que todo trabajador y máxime en el caso de funcionario público, "tiene derecho a pronunciarse, defenderse y ser defendido en el ejercicio de sus funciones", y que es obligación de la administración facilitar todos los mecanismos a su alcance para ello, "mientras no exista prueba irrefutable de delito, que en su caso no daría pie al juicio mediático que estamos viviendo".
Añade que no van valorar, hasta que no se pronuncie la justicia, si los hechos argumentados por la acusación particular son susceptibles o no de ser punibles, o si la docente en cuestión infringió o realizó actuaciones que pudieran ser consideradas como tal.
Sí entiende "fuera de lugar" que una grabación de voz, que no de imágenes, realizada en un contexto descontextualizado, un aula educativa, donde se producen miles de situaciones "que sacadas de contexto pudieran parecer justamente lo contrario de lo pretendido por los docentes, que no es más que educar a sus alumnos, "pueda ser considerada como prueba en un juicio".
"No defendemos ni culpabilizamos a nadie pero sí pedimos respeto y presunción de inocencia a la docente acusada", señala ANPE, que anuncia que, en su caso, adoptarán las medidas oportunas, "para que en ningún caso una grabación premeditada y sin conocimiento de los particulares, sea utilizada como prueba incriminatoria a ningún docente".
La posición de UGT
Por su parte, el sector de enseñanza de la Federación de Servicios Públicos de UGT (Fesp-UGT) ha rechazado el "linchamiento público" de cualquier miembro de la comunidad educativa, en relación al caso de presuntos malos tratos a una menor autista en un colegio público cacereño.
Ha defendido "el derecho a la presunción de inocencia y a una defensa justa", tras la denuncia pública interpuesta por parte de una madre contra la directora del centro educativo.
El sindicato ha lamentado que "situaciones como estas se produzcan en cualquier centro educativo de Extremadura", y ha solicitado "prudencia" hasta conocer el resultado final de la investigación.
Asimismo, ha instado a la Consejería de Educación y Empleo a que "intente esclarecer los hechos y resuelva, cuanto antes, el expediente disciplinario de la maestra afectada", que ha abierto la Administración regional y ha provocado la suspensión cautelar de la docente.
En este sentido, Fesp-UGT ha defendido el trabajo diario y la profesionalidad del profesorado extremeño, por lo que se oponen a que "el prestigio laboral de este colectivo quede manchado y comprometido por un caso puntual, que todavía ni se ha demostrado judicialmente".
Por ello, han instado a la Junta a que se persone en el centro cacereño "con carácter urgente", para escuchar a la comunidad educativa e intentar resolver un tema que compromete el futuro académico de una alumna y el profesional de una docente".
