El juicio contra el Ayuntamiento de Cáceres por la presencia de simbología de exaltación de la guerra civil y la dictadura franquista en la ciudad, que estaba previsto celebrarse hoy en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Cáceres, ha sido aplazado por una cuestión de forma.
Según han explicado las partes, el ayuntamiento y el abogado madrileño Eduardo Ranz, el proceso iba a ser llevado como un procedimiento abreviado pero, finalmente, el juez ha decidido que se siga como procedimiento ordinario.
Ranz ha indicado que aún no hay señalada una nueva fecha para la vista y ha recordado que el juicio se sigue tras admitir a trámite una demanda interpuesta por él mismo en la que reclama al ayuntamiento la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la guerra civil y la dictadura.
El abogado ha explicado que la Ley de la Memoria Histórica "dice que, además de retirarse la simbología franquista, hay que hacer un catálogo de vestigios con calles, cruces o distinciones para determinar quiénes son los titulares".
En concreto en Cáceres ha apuntado a símbolos como la Cruz de los Caídos, el escudo del edificio de los sindicatos o la avenida General Primo de Rivera.
Por su parte, el ayuntamiento ha respondido que cumple la Ley de Memoria Histórica, "como no puede ser de otra forma", y que la demanda "no tiene ninguna base".
Así, indica que "se han retirado todos la simbología franquista" y que sólo faltaría el escudo del edificio de los sindicatos, del que es titular el Ministerio de Empleo.
En este caso, el ayuntamiento ha señalado que hizo un requerimiento al ministerio para su retirada y que "ahora es esta administración la que debe proceder".
En cuanto al nombre de la avenida General Primo de Rivera, ha afirmado "que con el título de general queda claro que es el padre de José Antonio Primo de Rivera y que está fuera de la Ley de Memoria Histórica".
Por otra parte, el abogado Eduardo Ranz ha indicado que en la provincia de Cáceres sigue otra decena de causas contra municipios por "el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica".
Estos municipios son Berrocalejo, Casas de Don Antonio, Collado de la Vera, La Garganta, Navalvillar de Ibor, Peraleda de San Román, Ruanes, Santa Cruz de Paniagua y Santibáñez el Alto.
Además, había presentado una demanda contra el Ayuntamiento de Casas de Don Gómez, que ha pedido que se archive, al haber aprobado el municipio el cambio de nombre de calles que hacían referencia al franquismo.
