El juicio sobre acoso escolar a un menor, en el que se solicita prisión a tres docentes del colegio Sagrado Corazón de Cáceres, previsto para hoy ha sido aplazado. Así lo ha informado a este periódico la familia del pequeño y su abogado, Emilio Cortés, quienes han explicado que el motivo de dicha suspensión ha sido provocada por enfermedad de uno de los progenitores de la parte demandante. Ahora tendrán que esperar a que les sea otorgada una nueva fecha del señalamiento, dependiendo también del diagnóstico de la enfermedad.
La familia del menor que sufrió acoso escolar solicita 18 meses de prisión para la tutora, la directora y la orientadora del centro al considerarlas autoras de un delito contra la integridad moral en su modalidad de comisión por omisión. Los hechos ocurrieron entre octubre de 2012 y enero del 2013. El Juzgado de Menores dictó sentencia condenatoria contra los acosadores de la víctima, que entonces tenía 12 años, por un delito contra la integridad moral a realizar tareas socioeductivas durante un año, para inculcarles valores como el respeto a los demás. Según sentencia, los acosadores, cuatro compañeros del menor, acorralaban a este alumno, le aislaban, le insultaban y le hostigaban dándole empujones. Debido a este trato, el pequeño sufrió angustia, miedo y pánico, siendo necesario incluso tratamiento psicológico. De la situación, tal y como señaló la acusación, tuvieron conocimiento las tres docentes que ahora serán enjuiciadas; la psicóloga, la tutora del niño y la directora del centro escolar, ya que, tras una crisis de ansiedad del menor, un amigo del chico contó a sus padres lo que estaba ocurriendo y éstos acudieron al colegio para hablar con ellas y frenar el acoso.
Fueron varias las entrevistas personales que los padres tuvieron con las acusadas, hicieron requerimientos por escrito y llamadas telefónicas. Según declaró la acusación particular a este medio, «las acusadas tuvieron cabal y preciso alcance del acoso escolar sin que tomaran medida de clase alguna mínimamente eficaz para su erradicación, identificación de los autores, medidas preventivas...».
La acusación solicita también la inhabilitación para el ejercicio de la docencia, dirección o coordinación en centros públicos o privados durante un periodo de cinco años.
