La agrupación de asociaciones vecinales ha hecho público un comunicado en el que manifiesta su preocupación por la condena por sentencia judicial a la presidenta de la asociación vecinal de Santa Bárbara, en Aldea Moret, Guadalupe Iglesias, y al concejal de Obras, José Joaquín Rumbo. También se afirma en el comunicado que el colectivo da por seguro que los dos obraron con la mejor intención y da su apoyo a ambos.
El juzgado de lo Penal condenó a Rumbo a siete años de inhabilitación para el cargo de concejal y a Guadalupe Iglesias a una pena de ocho meses de multa a razón de siete euros diarios, además ambos deberán abonar una indemnización hasta el límite de 556 euros. El fallo judicial tiene su origen en el proceso iniciado por Pascual Pardo, que regentaba el bar de la sede vecinal de Santa Bárbara, por el corte de suministro de energía del establecimiento a instancia de Iglesias, por el impago de recibos, y con la autorización de Rumbo sin que incoase previamente un expediente administrativo.
PROCEDER En el comunicado se subraya que en la defensa de los intereses vecinales, los directivos de las asociaciones "viven situaciones en las que se actúa de una determinada manera, considerando que es la correcta, para resolver situaciones que se nos presentan, actuando siempre con la mejor intención posible y con el fin de velar por el interés de los vecinos".
