Arrendatarios de locales comerciales del Centro Deportivo El Perú amenazan con llevar su caso ante la Fiscalía Anticorrupción. Lo harán, advirtieron ayer, si en el plazo de un mes la fiscal delegada de Urbanismo de la Fiscalía Provincial no ha resuelto sobre la querella que hace ya casi dos años presentaron y sobre la que la Audiencia Provincial resolvió a su favor hace ya siete meses.

La decisión la han adoptado tras conocer que la Fiscalía Superior de Extremadura ha abierto diligencias de investigación sobre la denuncia presentada por el grupo municipal de IU referente a fraude urbanístico y financiación irregular presuntamente cometidos en la concesión y ejecución de dicho proyecto.

Así lo indicaron ayer a este diario los letrados Santiago Hurtado y Antonio Carretero, representantes de los propietarios de los cuatro negocios ubicados en el citado centro deportivo que secundan la querella presentada. En el centro hay siete negocios de restauración, ocio y comerciales.

Recordaron que fue hace dos años cuando decidieron acudir a la justicia por sentirse víctimas de una estafa, "pues les habían alquilado unos locales para los que no pueden obtener licencia". Todo ello se deriva, hicieron constar, del hecho de que el centro del Perú "se diseñó sobre terrenos que en un principio solo eran aptos para instalaciones deportivas y que se abrió y empezó a funcionar antes de que la Junta concediera la autorización definitiva para los nuevos usos". --El centro se inauguró en mayo del 2007 y la Junta no concedió la autorización hasta marzo del 2008--.

"Consideramos que en la adjudicación de este proyecto se incurrió en una serie de irregularidades urbanísticas y de financiación, y sus promotores en un delito de estafa hacia los arrendatarios de los locales que la justicia debe investigar", señalaron los letrados. Insistieron en que hace ya dos años que ellos denunciaron, y aunque en un principio el Juzgado número 4, que se hizo cargo de la causa, no apreció indicios de delito y acordó su archivo, la Audiencia Provincial, ante la que recurrieron el archivo, resolvió posteriormente a su favor.

Fue el 6 de abril pasado cuando la Audiencia Provincial dictó un auto en el que se estimaba el recurso de los querellantes, y ordenaba que el proceso continuara su trámite y el juzgado de instrucción practicara las diligencias necesarias para la celebración del oportuno juicio.

"Han pasado ya siete meses y no hemos recibido ningún pronunciamiento por parte de la fiscal de urbanismo, y es por ello que hemos decidido que si en el plazo máximo de un mes no se ha pronunciado, acudiremos a la Fiscalía Anticorrupción, pues consideramos que hay pruebas suficientes y objetivas para que este caso llegue a juicio".