"Las asistentas sociales nos dicen que tenemos que esperar, pero es que nosotros no podemos más", afirma Celestina Silva. Esta mujer dice tener recogidos en su casa a la familia de dos hermanos. Asegura que son 17 personas en una sola vivienda. Con más o menos estrecheces, aseguran vivir desde hace siete meses Mónica Silva, María Jesús Vargas, Fátima Montaña, María Concepción Silva y sus respectivas familias.

Todas ellas integraban ayer el grupo de manifestantes en protesta por el retraso en la entrega de las viviendas sociales vacías de Aldea Moret. Todas ellas han ocupado ilegalmente las viviendas durante años, entre 3 hasta 10 años incluso. El miedo al desalojo forzoso como se hizo con nueve inquilinos en marzo les ha llevado a la mayoría a entregar los pisos, pero ahora reclaman que se acelere la nueva adjudicación.

"Es una injusticia cómo nos están haciendo vivir desde hace siete meses habiendo casas vacías como las hay en el barrio", denuncia Emilio Molina. "Si no tenemos dónde vivir, seguiremos haciendo chabolas", avisa. Ramón Bote afirma que en su casa viven 14 personas y con José Vargas, 17. "Dormimos hasta en los pasillos".

´Casas-furgón´

Mientras se calientan al calor de una fogata, relatan sus "penurias" a los periodistas que ellos han convocado para ejercer más presión pública. "Hace una semana di a luz, me hicieron una césarea y estoy durmiendo en la furgoneta", relata una afectada. Otro muestra en la parte trasera de su nuevo furgón la ropa amontonada o la colchoneta donde dicen dormir con su familia. "¿Cómo vamos a estar dos años así?".

María José Vázquez entregó la vivienda que ocupaba ilegalmente un mes antes de que se produjeran los desahucios. O María Reyes Bautista, que reconoce vivir por temporadas en Palma de Mallorca "por trabajo", pero que reside en Cáceres. Como el resto, tenía ocupada ilegalmente una vivienda antes de marcharse este año a la capital balear y su cuñada entregó las llaves en su nombre. A su regreso, ella y sus hijos han tenido que ser acogidos en casa de su cuñada.

El ayuntamiento y la Junta, avalados por los informes sociales de cada familia, responden que exageran, que no es real la situación de precariedad que relatan y que lo único que intentan, según un responsable político, es "hacer chantaje" a la administración.