La Asociación de Carniceros del Matadero, compuesta por 39 miembros, ha solicitado al ayuntamiento la ejecución del aval que pusieron en su día a título particular cada uno de los integrantes, el cual asciende a más de 240.000 euros. Esto obedece a que el contrato de concesión del servicio adjudicado (que ha dejado de ser de prestación obligatoria para los ayuntamientos) a la Agrupación Cacereña de Industriales de la Carne, el cual era por 15 años, expiró en septiembre del 2016 tras una primera prórroga de seis meses (finalizaba el 19 de marzo del 2016). Actualmente, la concesión se encuentra prorrogada indefinidamente, según señalaron desde la Asociación de Carniceros del Matadero, que a su vez remarcaron que el aval se depositó como garantía de que las instalaciones no sufrían daño alguno tras el periodo de explotación.
Asimismo, cinco de los miembros de la Asociación de Carniceros del Matadero que formaban parte del antiguo consejo de administración del matadero, antes de que se produjera el traspaso de gerencia que tuvo lugar en verano de 2014, quieren que se liquide el aval ya que también están sufragando deudas que, según el colectivo, debería de afrontar la actual gerencia.
Para entender la situación hay que remontarse al verano de 2014. El matadero se cerró en junio de 2014 por problemas económicos. Siempre según la versión de la Asociación de Carniceros del Matadero, entonces se realizó el traspaso de gerencia, ante notario, y el nuevo gestor adquirió tanto el activo como el pasivo de la empresa. Es decir, se comprometía a hacer frente a las deudas anteriores al cambio de gerencia. Por acuerdo, el aval siguió siendo propiedad de la Asociación de Carniceros del Matadero.
La industria cárnica se reabrió en noviembre de 2014 tras una serie de reformas acometidas por parte de la nueva gerencia. No obstante, la empresa que acometió dichas obras, Prosal SL, remarca que aún no ha cobrado la cuantía. «La inversión ascendía a unos 40.000 euros que adelantamos nosotros y la forma de pago se acordó a través de unos pagarés. Hemos tenido que acudir a la vía judicial y les han condenado -a la actual gerencia--. Tenemos embargada la empresa y su avalista, y estamos pendiente de sacar a subasta los bienes de la avalista con vistas a poder recuperar algo», apuntó ayer el gerente de Prosal SL, Raúl Salgado.
Alrededor de un año después de que se produjera el traspaso de gerencia, los cinco miembros del exconsejo de administración comenzaron a recibir notificaciones de embargo de sus propiedades, ya que la deuda no estaba siendo saldada. Según la Asociación de Carniceros del Matadero, los antiguos gestores abonaron en septiembre del 2015 cerca de 180.000 euros en concepto de deudas con Hacienda (120.000 euros) y con la Seguridad Social (58.000 euros) anteriores al traspaso de gerencia.
Sin embargo, según la Asociación de Carniceros del Matadero, la actual gerencia sigue acumulando deudas tanto con la Seguridad Social como con Hacienda, e incluso con la empresa Canal Isabel II. En ese sentido, los avalistas denuncian además que tengan que cubrir incluso con los gastos del mantenimiento del aval, que asciende a unos 510 euros cada tres meses.
EMPLEADOS / Con respecto a los empleados que fueron despedidos tras el cierre del matadero el verano de 2014, el despacho de abogados Díez & Asociados SL, que se encarga de la defensa de tres de los extrabajadores, asegura que a sus clientes se les adeuda más de 67.000 euros.
Según la información facilitada por el despacho de abogados, los despidos de los empleados con motivo del cierre del matadero en junio de 2014 fueron considerados improcedentes por el Juzgado de lo Social nº. 1 y también por el nº. 2. No obstante, según Díez & Asociados SL, los empleados despedidos únicamente percibieron el importe que les abonó el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), ya que en ese momento se decretó la insolvencia de la Agrupación Cacereña de Industriales de la Carne. El proceso se reabrió al hallarse nuevos bienes --el aval-- de la empresa declarada insolvente.
