La asociación que agrupa a una treintena de propietarios de la Montaña ha iniciado los trámites para solicitar la ejecución de la sentencia del residencial Universidad. El fallo es del Tribunal Supremo, que ratificó una sentencia anterior del TSJEx que anulaba la orden de la Junta que posibilitó la construcción del residencial. El gestor del colectivo de propietarios, Juan Antonio Martín, confirmó ayer que ahora se está a la espera de que la asesoría jurídica de la asociación informe de cómo y cuándo se pide la ejecución del fallo y qué consecuencias se pueden derivar del mismo. El gestor insistió en que no se pretenden derribos ni causar un perjuicio mayor a los propietarios de las 550 casas del residencial, pero sí se quiere que se deriven responsabilidades por la sentencia del Supremo.

El residencial se ejecutó con los informes en contra de los técnicos municipales y tuvo la aprobación del ayuntamiento en su tramitación inicial y de la Junta en su proceso definitivo. Esta última autorización es la que invalida la sentencia y la que dejó el residencial fuera de ordenación urbanística al anularse la recalificación de los terrenos, que han quedado como no urbanizables y protegidos por su ubicación en la falda de la Montaña.

Pero en el fondo de todo este asunto lo que subyace es la ordenación de la Montaña y los aprovechamientos que los propietarios de parte de este espacio pueden obtener de sus terrenos. La otra cuestión es que con el argumento de propiciar la realización de vivienda de protección oficial se dejó construir en un terreno que se iba a proteger, un contrasentido que condiciona la ordenación de la Montaña.

La asociación promovió todo el proceso judicial que dio lugar a la sentencia del Supremo. En la primera aprobación del nuevo plan de urbanismo se dio la solución de que se iba a compensar a sus socios por sus terrenos. No se construía, pero a cambio de ceder sus parcelas al ayuntamiento para zonas verdes públicas se les compensaba con edificabilidad residencial en espacios donde el nuevo plan de urbanismo dejará edificar viviendas o cualquier otros uso lucrativo.

Pero esa aprobación está suspendida por la Junta y el consistorio tiene que reducir las zonas verdes a obtener. Aún no se ha aprobado ese recorte, pero en la Montaña se quiere meter la tijera. Al menos la mitad de la propiedad de la asociación quedaría fuera de la compensación. Sí se mantienen unas 55 hectáreas que están entre la ronda este y San Marquino. Además hay otras 27 hectáreas, al lado de la subestación, que están en la zona, que no son de la asociación y que en principio se iban a dejar para su obtención a largo plazo.

RONDA ESTE El nuevo plan de urbanismo también tendrá que resolver qué ocurrirá con el residencial Universidad y si se regulariza con la calificación de sus terrenos como urbanos. Pero en toda esta ordenación hay otro hecho importante: de la misma depende la obtención del terreno de la ronda este sin recurrir a expropiaciones. Antes de plantear la ejecución de la ronda hay que tener el suelo y al consistorio le faltan 12,5 hectáreas, que en su mayoría son propiedad de la asociación de la Montaña.