La asamblea de la Asociación de Propietarios de la Umbría y la Solana de la Montaña ha refrendado por unanimidad el acuerdo de solicitar la ejecución de la sentencia del residencial Universidad. La petición se formulará en unos días ante el TSJEx, órgano jurisdiccional que conoció el asunto en su primera instancia. Las consecuencias de esta ejecución son "impredecibles", reiteró ayer Juan Antonio Martín, gestor del colectivo, quien aclaró que la asociación no quiere causar un perjuicio a los residentes y que no se busca una solución "vía demolición, sino indemnizatoria".
La decisión de la asamblea, que se celebró la tarde del pasado jueves, se tomó por unanimidad, apuntó Martín, que recordó que es la última aprobación del nuevo plan de urbanismo la que lleva ahora a la asociación a reclamar la ejecución porque "se nos ha engañado" por los grupos políticos municipales.
En próximos días también se remitirán correos a responsables de las administraciones que autorizaron el residencial --Junta y ayuntamiento-- informando de los planes de la asociación de propietarios.
El argumento de la asociación es que desde el momento que se construye el residencial se produce "un agravio comparativo" con los propietarios de los terrenos colindantes y "una pérdida de valor porque se actúa de forma irregular y con el residencial Universidad se absorben las posibilidades de aprovechamiento urbanístico de ese territorio", explicó el gestor.
La base de todo este proceso está en la petición inicial que la asociación hizo para intervenir en terrenos de la Montaña cuando era suelo urbanizable no programado, petición que se desestimó, dado que en ese momento se iba a revisar el plan de urbanismo. Años después sí se aceptó la propuesta de Magenta de actuar en la zona para desarrollar el residencial Universidad, pese a que entonces ya estaba en tramitación la revisión de plan, incluso con la aprobación provisional, que convertía el suelo de la Montaña en no urbanizable.
La asociación de propietarios recurrió a los tribunales, que anularon, en sentencia del TSJEx refrendada por el Tribunal Supremo, la orden de la Junta que permitió hacer el residencial Universidad.
La asociación ha pretendido en los últimos años que la totalidad del terreno de sus asociados quedase entre los suelos urbanizables del nuevo plan general de urbanismo (no para viviendas sino para destinarlo a espacio verde público), dándoles el aprovechamiento urbanístico --residencial, terciario...- en otros espacios urbanizables en los que sí se podrá edificar. Pero al no incluirse en el nuevo plan la totalidad de las propiedades de los miembros de la asociación, "se queda fuera un tercio", matizó Martín, se pide la ejecución del fallo.
El gestor aclaró que el cumplimiento de la ejecución de la sentencia es "complejo, puede ser como otro procedimiento judicial en sí" y agregó que "se está en plazo para pedir la ejecución".
Martín recordó que el objetivo es "defender nuestros derechos, pero sin generar daños a los residentes --del residencial--, que son víctimas como nosotros", y añadió que a la asesoría jurídica de la asociación se le ha pedido que trabaje "en la vía de la indemnización". El gestor comentó que por un criterio de oportunidad --se iba a revisar el plan-- se les anunció que no podían actuar en la Montaña, mientras que a otros, Magenta cuando promovió el residencial Universidad, "se les dijo que sí por criterio de oportunismo".
Otra de las críticas de la asociación es que mientras que sus terrenos quedan fuera del plan, "y tienen un valor añadido para la ciudad como espacio verde --casa de campo-- y para un desarrollo sostenible de Cáceres", comentó el gestor, hay otros sectores, como el residencial de la carretera de Trujillo que apareció en la penúltima aprobación provisional, que se mantienen entre los suelos urbanizables del nuevo plan.
