El gobierno local aceptó ayer el recurso del Ministerio del Interior que reivindica la aplicación del convenio de 1992 que establece el derribo de la cárcel vieja. Por ahora solamente es un dictamen que tiene los 4 votos del PP en la comisión local de Urbanismo. Es una decisión que, sin ser definitiva, provoca que hoy la voluntad del ayuntamiento sea dejar el convenio en vez de denunciarlo, que fue lo que la corporación local decidió en marzo, incluso con el voto de 11 de los 12 concejales del PP, ya que Manuel Rodríguez Cancho no dio su voto a la moción del PSOE que pedía denunciar el convenio.
El concejal de Urbanismo, José Antonio Villa, reconoció que la posición del gobierno es cotradictoria, pero justificó que ahora se acepte el recurso de reposición de Interior para "avanzar" en la aprobación provisional del nuevo plan general de urbanismo, ya que la desestimación del recurso interpuesto por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios daría lugar a un proceso contencioso.
Villa insistió en que lo que se pretende por el gobierno es que haya "un documento definitivo" del nuevo plan y afirmó que el dictamen de ayer se acuerda "sin perjuicio de una modificación posterior" aceptando denunciar el convenio que "es de 1992 y no se ha llegado" a materializar.
En la comisión de ayer se abordó el dictamen de alegaciones que afectan a siete zonas de la ciudad cuya ordenación regulará el nuevo plan. Uno de los asuntos era el recurso de Interior, que en la práctica es una alegación. Lo que pide Interior es que el nuevo plan recoja el convenio, que establece el derribo de la cárcel cuando ya no tenga usos penitenciarios (ahora es un centro de reinserción) y destinar el solar a viviendas con una nueva alineación de las calles.
Esa misma idea, sustituir los usos penitenciarios por residenciales, viene en el nuevo plan, que, no obstante, incluye el edificio en el catálogo de bienes a proteger y ofrece una alternativa: llegar a un nuevo acuerdo que sustituya al de 1992 y que permita conservar el edificio y destinarlo a dotación pública.
Esa posibilidad es la que se planteaba en la propuesta que el PSOE presentó al pleno de marzo y que contó con 23 de los 25 votos de la corporación (Cancho y el portavoz de IU, Santiago Pavón, quien no pudo asistir a esa sesión, fueron la excepción).
VELA Y PAVON El dictamen de Urbanismo contó con los dos votos en contra del PSOE. Su portavoz, Carmen Heras, dudó de la validez del dictamen porque va contra un acuerdo del pleno y puntualizó que la aceptación del recurso obligaría a replantearse el catálogo de bienes protegidos: "si se saca --la cárcel--, qué pasaría con otros edificios del mismo estilo o valor". Heras precisó que el contencioso se podría evitar si el gobierno local hubiese iniciado el acuerdo del pleno de denunciar el convenio y renegociarlo. La portavoz insistió en la oportunidad de destinar el edificio a equipamientos del barrio.
El edil independiente, Felipe Vela, que asistió a la comisión, aunque sin voto, no se pronunció ayer, "es un asunto a estudiar", aunque indicó que da la impresión de que el PP "cierra filas a favor de Cancho". El portavoz de IU, Santiago Pavón, indicó que en principio se está a favor de conservar el edificio, pero que "hay que ver la viabilidad" de la propuesta de destinarlo a dotación pública del barrio.
