El ayuntamiento debía 41 millones el pasado 31 de diciembre, más de la mitad a dos bancos (BBVA y CaixaBank) y a la diputación provincial. Son datos de la cuenta general de 2016, la última aprobada y que este verano ha estado en exposición pública. Aunque ha habido modificaciones en los ocho meses transcurridos de 2017, la cuenta general es la radiografía mas completa de la situación económica del ayuntamiento, ya que no solo expone los resultados del ejercicio que examina, sino también lo que queda por atender de presupuestos anteriores.

24,4 millones de esta deuda correspondía a la amortización pendiente de operaciones a largo plazo que están vivas, la mayoría son préstamos con bancos, entre éstos se encuentran los concertados con CaixaBank (8,7 millones del crédito para el pago de expropiaciones) y BBVA (5,7 millones para la financiación de las inversiones del presupuesto municipal).

El resto, hasta llegar a los 41 millones, sale de las obligaciones reconocidas (11,1 millones) que estaban pendientes de pago a fecha de 31 de diciembre y de las que todavía no se habían aplicado al presupuesto (5,5). La mitad de la deuda por estos dos conceptos se tiene con la diputación provincial (más de 8 millones al cierre de 2016 que en su mayoría es de lo pendiente de abonar del servicio de bomberos que desde la diputación se presta al ayuntamiento).

CRÉDITOS

La deuda pendiente de amortizar de las operaciones a largo plazo se había incrementado un 15% al cierre de 2016 con respecto al mismo periodo del año anterior. El motivo fue que en septiembre se contrató el préstamo con el BBVA para afrontar las inversiones previstas en los presupuestos locales, dado que la fuente de financiación inicial, la venta de parcelas del ayuntamiento, no daba resultado.

Cuando se presente la liquidación de 2017, el débito por préstamos se habrá vuelto a incrementar después de que en abril se cerrase una nueva operación para cumplir con pagos (de expropiaciones y con la anterior concesionaria del autobús urbano) obligados por resoluciones judiciales.

Esta es una deuda que se afronta anualmente en los plazos de amortización establecidos en cada operación. Entre los 24,4 millones hay también deuda que se tiene con la administración central, al cierre de 2016 eran 4,3 millones de un crédito que se está devolviendo al Ministerio de Industria y de las cantidades que hay que reintegrar a Hacienda de las anualidades de 2008 y 2009 en las que erraron los cálculos de lo que correspondía a Cáceres por su participación en los ingresos del Estado (el ayuntamiento recibió entonces a cuenta 6 millones de euros de más, que es lo que ahora se está restituyendo al Ministerio de Hacienda, se dio un plazo de diez años para hacerlo).

OBLIGACIONES PENDIENTES

La deuda que había al cierre de 2016 de obligaciones reconocidas y que estaban pendientes de pago se había reducido un 36,1% con respecto al mismo periodo del año anterior. Este débito era de 11,1 millones a fecha del pasado 31 de diciembre, de los que 6 eran de pagos pendientes del presupuesto de 2016 y 3,7 de ejercicios presupuestarios anteriores, además había 1,3 millones de acreedores no presupuestarios.

Entre esos 6 millones de euros del ejercicio de 2016, varias de las partidas más elevadas correspondían a pagos pendientes a empresas concesionarias de servicios municipales (215.000 euros a la empresa de los autobuses urbanos, 227.720 a la de los jardines, 650.340 a la de recogida de basura y limpieza viaria o 295.890 a la de mantenimiento de vías públicas) y otra partida de las de mayor importe era una anotación de 515.370 euros que quedaba por abonar a la diputación de la anualidad de 2016 del servicio de bomberos.

De los 3,7 millones que aún no se habían pagado de ejercicios anteriores, casi todo (3,6 millones) era deuda con la diputación por el servicio de bomberos (para su pago se firmó en 2015 un convenio para responder a este débito en un plazo de diez anualidades).

El recorte en un 36,1% en la deuda por estas obligaciones pendientes de pago fue el factor que más incidió para que el ejercicio de 2016 se cerrase con un remanente positivo de tesorería de 7,2 millones de euros.

OPERACIONES POR APLICAR

En la deuda de 5,5 millones que se tenía al término del pasado año de las operaciones que estaban pendientes de su aplicación en los presupuestos para afrontar su pago, más de 4 millones también era deuda con diputación (del servicio de bomberos y del contrato por el que la institución provincial gestiona la recaudación de impuestos municipales). Este débito de 5,5 millones se tiene que regularizar con su incorporación en las cuentas del ayuntamiento. El otro acreedor destacado en este apartado del débito local, con más de un millón de euros que estaban pendientes, es la empresa que gestiona parte de las zonas verdes.