El ayuntamiento reconoce una deuda con Autobuses Urbanos del Sur (Busursa), la compañía que gestiona el transporte público en Cáceres, de 2,5 millones de euros. Esta cifra se presentó ayer en la segunda reunión que se celebra entre representantes de Busursa y el consistorio para garantizar la futura prestación del servicio. La concesión del transporte está adjudicada desde 1999 al grupo de empresas del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. Su hijo, Gerardo Díaz Santamaría, reconoció en el encuentro de ayer que se negocia con otra empresa la venta de la concesión del servicio de Cáceres.

"Lo que pretendíamos era dar el primer paso para desatascar el futuro del servicio", indicó ayer el concejal de Economía, Lorenzo de la Calle, tras el encuentro. Gerardo Díaz Santamaría, consejero de Trapsa (empresa de transporte del grupo de Ferrán), no se pronunció sobre lo tratado. Solo aseguró que hay "una buena disposición para el buen fin del servicio" y afirmó que se celebrará una tercera reunión el 1 de octubre, que se presenta decisiva para saber si Busursa sigue o no al frente del servicio en Cáceres.

El paso dado ayer fue concretar el débito que el ayuntamiento mantiene con la empresa por el déficit del autobús, que es de ejercicios cerrados y ha soportado la empresa de autobuses.

PERDIDA DE LA SUBVENCION De la Calle detalló las cifras: 40.089 euros del 2008 y 2.932.719 del 2009, aunque se restan 472.747 euros de la pérdida de la subvención del 2009 que el Estado da al ayuntamiento para el transporte público, que se ha perdido "porque por parte de la empresa no se presentaron las cuentas, por lo que el ministerio nos ha sancionado", dijo De la Calle. Por lo tanto, "la deuda real que el ayuntamiento tiene con Busursa es de 2.500.061 euros", concretó.

El ayuntamiento reconoce por escrito esa deuda y su intención de afrontarla con un plan de pago, lo que puede ayudar a la empresa en la posible venta o cesión de la concesión del servicio de Cáceres, a la que aún le restan 3 años y medio, a otra compañía. Díaz dijo en la reunión de ayer que esta semana tiene una entrevista con la posible compradora y que la negociación está avanzada, aunque no dio detalles de la compañía que se podría quedar con la concesión.

La reunión de ayer es continuación de la que se celebró el pasado 15 de septiembre. El fin último es conocer si Busursa tiene capacidad de hacerse cargo de la gestión del servicio dada la difícil situación financiera por la que pasa el grupo empresarial de Gerardo Díaz Ferrán.

El concejal delegado de Contratación, Miguel López, puntualizó ayer que las soluciones pasan por tres vías: la venta de la concesión, llegar con Busursa a un acuerdo para la rescisión del contrato de concesión y convocar un nuevo concurso o que la empresa de Ferrán agote los tres años y medio que restan de concesión, pero con un plan de viabilidad y financiero para garantizar la prestación del servicio.

Con independencia de la solución que al final se tome, López y De la Calle comentaron que se tienen que hacer cambios en el servicio para reducir costes, una posibilidad que se está planteando desde hace semanas.

Los 2,5 millones que el consistorio reconoce de deuda no es el único débito que se tiene por el déficit del servicio, debido a que Busursa endosó parte de la deuda a entidades financieras para obtener liquidez. La cantidad del endoso por abonar rondaría los 3,6 millones, aunque De la Calle precisó que la cifra definitiva se está "cuantificando y verificando por la tesorería" municipal.

DEUDA ENDOSADA El pago se negociará con las entidades financieras acreedoras de la deuda endosada. El edil añadió que ya hay cantidades que se han abonado a entidades financieras. Agregó que el dinero que se destinó al déficit del servicio con cargo a la operación de crédito del 2009 fue al final a la entidad financiera a la que Busursa endosó la deuda. Eran cantidades de ejercicios anteriores al 2008.

Por último falta por cuantificar la deuda del déficit del 2010. El débito será inferior al de años anteriores al incrementarse la cantidad mensual (de 70.000 a 230.000 euros) que el ayuntamiento da con cargo al déficit, pago que se seguirá haciendo para garantizar el servicio.