Son los vecinos de Charca Musia los que deberán afrontar el pago de las obras de reparcelación de este polígono industrial y residencial. Así lo advirtió ayer la alcaldesa, Carmen Heras, aunque, eso sí, ofreció la colaboración de los técnicos municipales para que a los afectados se les haga más llevadero el desembolso.

La regidora hizo estas declaraciones coincidiendo con la reunión que hoy tiene previsto celebrar la Asociación de Vecinos La Unión de Charca Musia (20.00 horas, instituto Al-Qázeres) y en la que se discutirá cómo hacer frente a este proyecto. Se trata del comienzo de un largo proceso en el que, con toda seguridad, cada vecino tendrá que pagar en función de los metros cuadrados de sus propiedades. Tal como avanzó ayer este diario, una vez que el Plan General Municipal se ha aprobado, los vecinos deben urbanizar el polígono para que éste, en perfecto estado, pase al ayuntamiento y a partir de ahí la institución municipal se haga cargo de su mantenimiento.

La alcaldesa explicó que el proyecto de reparcelación "exige que los vecinos se comprometan y se corresponsabilicen del pago de la parte que les corresponda. Nosotros --añadió Heras-- estamos lógicamente interesados en que el polígono se organice bien y el ayuntamiento va a estar ahí, pero de dinero no se ha hablado".

La líder socialista insistió en que el arreglo es una cuestión "que nos compete a todos y, por tanto, el ayuntamiento no puede afrontar en solitario esta remodelación. Podemos hablar de ofrecer a técnicos, de colaborar en la redacción del proyecto pero no de que el ayuntamiento lo pague todo".

En este sentido, el concejal del PP Joaquín Rumbo recordó que durante su etapa como edil de Obras en el gobierno de José María Saponi, el Partido Popular encargó al ingeniero de la diputación Máximo Cruz un proyecto de reparcelación que entonces costó 42.000 euros, cantidad que desembolsó el propio ayuntamiento.

En ese proyecto se detallaban todas las actuaciones que debían afrontar los vecinos: saneamiento, telefonía, gas, apertura de nuevas calles, compensaciones en otras áreas del polígono en caso de que hubiera que eliminar algunas naves... y todo eso cifrado en 6 millones de euros, cantidad que a juicio de Rumbo ahora será superior porque hay que actualizar los precios.

El concejal popular instó al equipo de gobierno a que desempolve ese proyecto, lo saque de los cajones y lidere la junta de compensación, asesorando a los vecinos, aconsejándoles que paguen las partes que les correspondan y haciendo todo lo posible para que esta zona industrial de la ciudad, con más de 2.000 trabajadores, 300 naves y 50 viviendas siga siendo un referente económico para la capital cacereña. El edil aprovechó, no obstante, para criticar la actuación del ayuntamiento, que en los últimos dos años ha invertido 2 millones de euros para el asfaltado de calles "que con las lluvias --dijo-- se han levantado".

"BUSCAREMOS AYUDA" El presidente de La Unión, Juan Borrego, insistió en que son los vecinos los que deben asumir el gasto que conlleve la reparcelación. No obstante, insistió en que el colectivo vecinal acudirá a cuantas administraciones sean necesarias para obtener ayudas: ayuntamiento, diputación, Junta de Extremadura... A este respecto, Joaquín Rumbo señaló que es posible optar a subvenciones siempre que las parcelas estén reguladas, pero que al tratarse de un área que se levantó en suelo no urbanizable hay muchas que carecen de cédula de habitabilidad y en algunos casos tampoco disponen de enganches de luz y agua adecuados. Borrego recordó cómo en los años 80 se acometió la primera urbanización del polígono y tanto ayuntamiento como diputación colaboraron.