El ayuntamiento y la diputación llegaron ayer a un principio de acuerdo para solventar las diferencias por las cantidades que la institución provincial reclama al consistorio por el servicio de prevención y extinción de incendios. Las relaciones se destensaron tras la reunión entre el diputado del servicio de bomberos, Alfonso Beltrán, y la concejala de Economía, María Guardiola. Este acercamiento se suma al convenio firmado en 2015 y con ambos el consistorio encauza el pago de su deuda con la diputación, que ahora supera los 8 millones de euros, lo que convierte a esta administración en el principal acreedor del ayuntamiento.
Las declaraciones de Guardiola y Beltrán al término de la reunión contrastan con las realizadas por ambos solo dos meses antes, cuando la concejala hablaba de acudir a la vía judicial si no se atendían las reclamaciones del ayuntamiento y el diputado reprochaba al consistorio que la institución provincial le estaba financiando la prestación del servicio de bomberos. El encuentro de ayer aleja de momento la vía judicial para resolver las diferencias y que el ayuntamiento monte su propio servicio de bomberos y se rompa la relación con la diputación provincial.
El acuerdo alcanzado ayer consiste en introducir modificaciones en el convenio que se firmó en 2013 para la prestación por la diputación del servicio de bomberos, unos cambios que permitan al ayuntamiento acceder a toda la información sobre los gastos anuales que la diputación imputa a la entidad local. «De la reunión me quedo con la buena disposición a modificar cuestiones como que nos liquiden por gasto realizado y no por previsiones o que podamos tomar parte en las decisiones que se adoptan cuando afectan a los créditos del ayuntamiento», resumió la concejala delegada de Economía.
MÁS DE 20.000 HABITANTES / La diputación no tendría obligación de prestar el servicio de bomberos a Cáceres al superar los 20.000 habitantes. Lo hace a través de los distintos acuerdos firmados por ambas administraciones en los últimos años. Por estos compromisos la diputación asume parte de los gastos del parque de Cáceres, desde el que se presta servicio a otros municipios de la provincia, y pasa al ayuntamiento parte de los costes en unos porcentajes que están cuantificados en el convenio en vigor desde febrero del año 2013. Estos porcentajes, que son los que determinan lo que al final paga el Ayuntamiento de Cáceres, no se cuestionaron ayer. El gasto principal es el del personal operativo.
La diputación pasó al ayuntamiento de la anualidad de 2015 una cuota de 1.415.000 euros, para 2016 subió a 1.897.000, mientras que para 2017 son 1.600.000. Lo que demanda el consistorio es más información sobre de dónde salen esos costes y participar en decisiones que afecten a Cáceres.
La deuda del consistorio por el servicio de bomberos se viene arrastrando desde hace años. En julio de 2015 se alcanzó un primer acuerdo con el que se afronta gran parte de la deuda, 6,6 millones, durante diez anualidades. Pero el pasado año surgieron diferencias por nuevos débitos. Por un lado el incremento en casi medio millón de euros de la cuota de 2016 y por otro una liquidación complementaria de 810.000 euros de los años 2014 y 2015 que la diputación reclama al ayuntamiento, en esta segunda demanda aún hay diferencias que ayer quedaron pendientes de solventarse. «Falta por cotejar datos y para eso la reunión --de ayer--, en la que se ha abierto una negociación porque hay vías peores --la judicial-- que son las últimas», indicó el diputado del área.
