El ayuntamiento pone en prealerta a todos sus servicios municipales para controlar que la empresa concesionaria del servicio de aguas en la ciudad Canal de Isabel II, cumpla el contrato. Ha dado esa orden expresa después de que el miércoles la empresa anunciara que baraja cesar su actividad en la capital cacereña y en Lanzarote. La noticia la lanzó el consejero de Presidencia y Justicia y presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, en un desayuno informativo tras el que se celebró la primera Junta General de Accionistas después de destaparse la trama Lezo, que implica supuestas irregularidades cometidas en el seno de la empresa de aguas madrileña. De hecho la presidenta de la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ya ha anunciado que están trabajando para que el Canal de Isabel II «vuelva a ser una empresa centrada casi en exclusiva en Madrid y en toda la comunidad», para lo que será necesario vender activos en Latinoamérica y en España.
Ayer el portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, volvió a lanzar un mensaje de tranquilidad, como ya hizo la propia alcaldesa, Elena Nevado, el día que Canal anunció sus intenciones de dejar Cáceres. Mateos subrayó que esto no va a influir en las inversiones que tiene previstas Canal de Isabel II en la capital cacereña y que suman cerca de dos millones de euros a corto plazo. «Hemos dado instrucciones tanto a la concejala responsable (la de Medioambiente, Montaña Jiménez) como a los servicios técnicos para que seamos muy vigilantes. En ningún caso lo que queremos es que la intención que pueda tener la empresa de plantear en un futuro desistir del contrato en la ciudad de Cáceres influya en las inversiones. Vamos a exigir a la empresa que las ejecute tal y como expuso en su oferta y tal y como está recogido en el contrato. Si no es así lógicamente se van a utilizar los mecanismos oportunos», señaló.
En estos momentos Canal de Isabel II está ejecutando la renovación de la red de abastecimiento y saneamiento de Moztezuma, Antonio Hurtado, Eulogio Blasco y urbanización las Candelas, que cuenta con un presupuesto de 862.716 euros. También está mejorando la red de ronda de la Pizarra, Obispo Ciriaco Benavente y alrededores, Aguas Vivas y Aldea Moret (calle Río Vístula y alrededores), con un importe de 606.000 euros. Además está pendiente la construcción de un by-pass y un nuevo colector en el depósito de La montaña, con un montante de 392.000 euros, entre otras muchas actuaciones. Mateos insistió también ayer en que esta intención no afectará «ni a medio ni a largo plazo» el suministro en la ciudad de Cáceres.
LA SEGUNDA VEZ DE CANAL / Canal de Isabel II se hizo cargo del ciclo integral del agua en abril del 2015, aunque años antes ya se ocupó también del servicio, en concreto entre 1995 y 2012. Ahora baraja marcharse y centrarse solo en la comunidad de Madrid. Ayer el portavoz Rafael Mateos insistió en que su marcha a día de hoy es «inviable». Recordó lo dicho por la alcaldesa días atrás, que el contrato firmado impide que pueda abandonar Cáceres antes de 2020. Es decir, el mismo contempla que no se puede rescindir hasta pasados cinco años desde que entró en vigor. «Estamos en el año dos de ejecución de un contrato de 24 años por tanto, a día de hoy, esto impide poder hacer una cesión del contrato de la ciudad de Cáceres. Mandamos un mensaje de tranquilidad porque entendemos que a día de hoy estamos respaldados por el contrato y por la ley», señaló Rafael Mateos.
El portavoz del equipo de gobierno añadió que una vez que pasen los cinco años si la empresa decide unilateralmente rescindir el convenio, en vigor hasta 2039, «se pedirán las correspondientes penalizaciones», que ahora es inviable valorarlas. «Habría que ver los daños que ocasionaría al servicio y esa hipotética decisión de la empresa de dejar de cumplir un contrato. Pero estamos hablando sobre una hipótesis que a día de hoy veo inviable a todas luces», insistió.
Las relaciones entre Canal y el ayuntamiento han sido tensas. El consistorio decidió multar en febrero de este año a la empresa con 110.000 euros por incumplimiento de varios puntos del contrato firmado, entre ellos tener diez personas menos en plantilla de las acordadas.
