La deuda tributaria que la Junta tiene con el ayuntamiento es de 2,2 millones, según la actualización que a 31 de mayo ha hecho el Organismo de Recaudación y Gestión Tributaria de la diputación (estimación en la que no se incluye el débito correspondiente al ejercicio de 2017). Partiendo de esta cuantificación, la comisión de Economía del ayuntamiento tendrá que dictaminar el lunes si sigue la propuesta que hace la secretaría general, que considera que se puede llegar al embargo de bienes de la Junta si no se atiende al pago de la deuda, que en su mayoría es del periodo 2011-2016, aunque hay algunas liquidaciones de 2009 y 2010.

La decisión que se tiene que tomar en la comisión de Economía y que luego se trasladará al pleno que el ayuntamiento celebrará el 21 de julio es la segunda parte de una demanda que se inició el 9 de octubre de 2015, ese día la junta local de gobierno del ayuntamiento acordó acudir incluso a la vía judicial para exigir a la Junta el pago de 3,8 millones de recibos correspondientes al periodo 1996-2015. Esa decisión se refrendó un año después por el pleno del ayuntamiento.

Ese acuerdo del pleno fue desechado por la Consejería de Hacienda, sobre todo por cuestiones de forma al faltar concreción en las deudas reclamadas, porque se solicitaban pagos de anualidades prescritas y también por no estar de acuerdo con algunas de las cantidades que se exigían.

SE AFRONTA EL PAGO / En esa contestación también se pedía al ayuntamiento que dejase sin efecto su requerimiento y que renunciase al ejercicio de acciones judiciales, además se recordaban las actuaciones que llevaba a cabo la administración autonómica con los organismos de recaudación de las dos diputaciones, que gestionan la recaudación de la mayoría de los municipios de la región, para afrontar el pago de la deuda reconocida y liquidada.

Fruto de las correcciones pedidas por la Junta y de los informes de los servicios económicos del ayuntamiento se ha hecho una nueva estimación de la deuda por parte del organismo de recaudación de la diputación, que cuantifica el débito en 2,2 millones (se ha reducido en 1,6 millones en el último año y medio porque la Junta ha pagado parte, por las cantidades que han prescrito y por expedientes de compensación que se han realizado). Casi toda la deuda es del IBI urbano, de los edificios que son propiedad de la Junta (tiene 1.900 dentro del municipio, entre los que están los pisos sociales, los administrativos, los dos hospitales, los centros de salud...).

La estimación del organismo de recaudación no se ha cerrado hasta el pasado 5 de junio (se ha esperado a tener la cantidad más actualizada posible por pagos y expedientes de compensación en marcha). Ahora va a la comisión de Economía, en la que ya no se habla de acciones judiciales, sino de embargos de bienes de la Junta. La propuesta que hace la secretaría general del ayuntamiento es que se inste al organismo de recaudación a que proceda ante la Junta con todas las providencias de apremio que permite la legislación tributaria y que incluye el embargo de bienes.

La deuda que la Junta tiene con la entidad local no es nueva, se arrastra desde hace años. El nivel de exigencia del ayuntamiento es mayor desde 2015, cuando cambió el gobierno en la Junta. Desde 2011 ha habido contactos a tres bandas para afrontar el pago, una de las consecuencias es la regulación de las prescripciones, como resultado de esa labor en mayo de 2016 el organismo de recaudación comunicó al ayuntamiento que 3.540 recibos por importe de 538.400 euros de deuda que la Junta tenía con el ayuntamiento había prescrito.