Tres horas y media se tomó ayer el gobierno municipal para dar marcha atrás en su decisión de pagar con dinero público 29 plazas del párking de Obispo Galarza para todos los concejales y seis altos funcionarios que le costarían al año 13.920 euros, según publicó ayer este diario.

La reacción ciudadana en contra de la medida, expresada sobre todo a través de la web de EL PERIODICO, no se hizo esperar y se llegó incluso a convocar una sentada espontánea en Galarza hoy a las ocho en señal de protesta. También los sindicatos cuestionaron la decisión. Todo ello impulsó un cambio de última hora.

De hecho, a las doce de la mañana, la alcaldesa, Carmen Heras, en declaraciones a EL PERIODICO, defendía la medida por "eficacia lógica" del trabajo de los beneficiarios, pero reseñando que se trataba de una decisión "provisional" y "experimental" que, "andando el tiempo" y de comprobarse su "ineficacia" o "falta de rentabilidad", se suprimiría.

A las 15.35 horas, el ayuntamiento anunciaba públicamente su eliminación en el plazo de un mes. A esa hora, los medios de comunicación recibieron un fax con la rectificación: "En un mes cada uno deberá hacerse cargo de su plaza. El ayuntamiento dejará de abonarla".

MEDIDA "COYUNTURAL" En el mismo comunicado, el ayuntamiento aclaraba que la medida era de "tipo coyuntural y provisional, para hacer frente al impacto que suponía el cierre de las Piñuelas para los que solían aparcar con una tarjeta de acceso". El pasado 7 de abril se restringió el aparcamiento en esta plazoleta y solo se permite ya estacionar a seis residentes y a los coches oficiales de la alcaldesa y el rector. Hasta entonces había concedidas 95 autorizaciones de estacionamiento.

El 4 de abril se entregaron tarjetas del párking pagadas por el consistorio a los ediles y 6 altos funcionarios (secretario, interventor, tesorero, viceinterventor y vicesecretarios) sin que el ayuntamiento informara públicamente de esta medida ni pasara por comisión.

Las tarjetas no están personificadas, ni tienen asignada una plaza fija, funcionan como las del resto de abonados. Los 29 beneficiarios podían usarlas de lunes a viernes las 24 horas al día. El ayuntamiento tenía previsto pagar por cada tarjeta 40 euros al mes. Tras dar marcha atrás, solo lo hará este mes, ya que las tarjetas están en funcionamiento y se recargan mensualmente.

"Es un tema que se ha llevado directamente desde los servicios de la policía local y el equipo de gobierno no lo ha estudiado como tal, sino que ha sido una medida automática para salvar las incomodidades a los concejales y no a favor de los concejales, sino de los ciudadanos de Cáceres", explicó Heras en sus primeras declaraciones de las doce de la mañana.

La alcaldesa también recordó que desde que el párking de Galarza abrió al público, el ayuntamiento dispone de diez tarjetas para uso municipal que en legislaturas anteriores han utilizado concejales del PP para uso personal. No explicó en manos de quién están actualmente.

VALORACIONES POLITICAS Los representantes del resto de grupos políticos fueron cautos en sus posturas. Ninguno de los 24 ediles rechazaron la tarjeta, excepto Jurado al disponer de otra como diputado provincial. Javier Castellano, portavoz del PP, eludió referirse a las tarjetas, de las que dijo no saber nada y que no utiliza la suya, aunque aseguró que esta situación responde a la preocupación del gobierno por "actuaciones de cara a la galería" y del "márketing político".

Algo más explícito fue el concejal de IU y teniente de alcalde, Santiago Pavón, quien defendió el pago del párking para los ediles por "operatividad" aunque manifestó su disponibilidad a que se suprimiese a todos y reconoció que en el caso de los altos funcionarios "se genera un agravio comparativo" y anunció que solicitaría que les retirase.

Pavón calificó también de "grave error" el anuncio del equipo de Gobierno de la supresión de los estacionamientos de las Piñuelas "ocultando la mitad de la verdad", en alusión a que Jurado informó de la restricción sin mencionar estos abonos.

Felipe Vela, de Foro Ciudadano, asumió que "no hemos estado muy finos" y que los concejales "podemos pasar sin esas tarjetas" --dijo que no había recibido la suya, aunque él dispone de otra del Consorcio Cáceres 2016--, pero criticó la forma de "desdecirse" que utilizó ayer el equipo de gobierno. "Es lo peor que puede ocurrir. Gobernamos en democracia y la decisión debería haber vuelto a plantearse en comisión", señaló.

Los tres sindicatos con presencia en el ayuntamiento, CSI-CSIF, CCOO y UGT, denunciaron el "privilegio inaceptable" que supone conceder estas tarjetas de párking con cargo a las arcas municipales. CSIF criticó que la diputación cuente también con estas plazas pagadas y lamentó "el mal uso" que ambas instituciones hacen del dinero público. CCOO comunicó que su sindicato había solicitado información al ayuntamiento sobre esta medida el pasado 9 de abril. Francisco Crespo, delegado de UGT, aseguró que se habían recogido quejas de los funcionarios.