La situación económica a la que se enfrenta el consistorio es una de las causas que están tras la crisis del gobierno local. Hay un desequilibrio de unos seis millones de euros, que se eleva a 12 con los 5,7, más intereses, a los que hay que hacer frente por el fallo judicial del parque del Príncipe. Es un problema que tiene solución, pero a costa de reducir los gastos del presupuesto de este año, lo que se presenta difícil, o condicionando el del 2006 con gastos menores o con más ingresos, en ese caso el camino, salvo transferencias mayores de otras administraciones, es subir impuestos. La operación de crédito, que es la tercera opción, supera el límite fijado en la ley reguladora de las haciendas locales.
Hay tres circunstancias que influyen en este desequilibrio: el cierre del ejercicio del 2004 con un remanente de tesorería negativo; gastos no previstos, que se han hecho sin tener financiación afectada; y la sentencia.
Remanente de tesorería negativo de 1,9 millones
La liquidación del ejercicio del 2004 se cerró, por primera vez en muchos años, con un remanente de tesorería para gastos generales que fue negativo, un colchón que tiene el ayuntamiento para afrontar gastos no previstos. Por la evolución de este remanente en los últimos ejercicio parecía algo previsible.
A esto se suma que del balance de deudores (los que deben al consistorio) se eliminaron cantidades prescritas tras la limpieza de recibos que se hizo en el último año. Y hay otro factor a tener en cuenta, que es el incremento del presupuesto en 14 millones de euros, de los 60 del 2003 a los 74 del año siguiente, sin que se variasen los tipos impositivos de los impuestos, que es la principal fuente de financiación local. La subida que se aprobó el pasado año fue para su aplicación a partir del ejercicio del 2005, aunque en unos porcentajes menores a los planteados por el concejal de Economía, Felipe Vela. A la propuesta planteada inicialmente por el edil no se llegará hasta el ejercicio del 2009.
En el balance del 2004 también se produce un incremento del debe por operaciones independientes o auxiliares a la ejecución de los presupuestos, como las operaciones de tesorería a un año (en el 2004 se concertaron cuatro --una no llegó a utilizarse--, y dos de estas operaciones no se renuevan en 2005).
Gasto no previsto y sin contar con financiación
Ese remanente negativo puede asumirse con una operación de crédito, que fragmentaría su pago a costa de abonar intereses, al no superarse el límite legal.
Pero a ese desfase en el balance de 1,9 millones de euros se suman otros gastos por, al menos, 4,1 millones, que se han hecho sin tener crédito, al estar agotado, o sin contar con partidas. Ya son seis millones y se supera el límite legal para la operación.
La aparición de estos gastos, que en su mayoría son de actuaciones de la Concejalía de Obras (y que no sólo son reformados, sino que también habría otros gastos de adjudicación directa y más de la mitad repartidos entre cinco proveedores), podría afectar al presupuesto actual, si es que se opta por un recorte, que es una solución muy difícil, ya que las concejalías iniciaron el año con una aminoración del 22%. La solución que parece más probable es que su financiación pase al presupuesto del 2006, que tendría que aprobarse con un superávit de, al menos, seis millones, por lo que habría que recortar inversiones, endeudarse o subir los impuestos.
No es la primera vez que se hacen reconocimientos extrajudiciales de crédito por gastos sin financiación, pero en esta ocasión coincide con la falta de tesorería para afrontar costes generales.
En la realización de estos gastos, tras Obras estaría la Concejalía de Tráfico, aunque en un porcentaje inferior, chocan la Concejalía de Obras, de la que depende la mayoría de las inversiones y a la que llegan muchas de las demandas ciudadanas, y la de Economía, que ha defendido que se cumpla lo presupuestado: si el crédito está agotado, que no se generen más gastos, y que no se hagan actuaciones sin control (sin su suplemento de crédito y sin su contratación).
Sentencia con plusvalía de 5,7 millones de euros
A todo lo anterior se suma la sentencia. La opinión personal del portavoz del gobierno de que no habría que negociar con una sociedad que promueve una operación que le va a generar beneficios de más de 5 millones con cargo a fondos o terrenos públicos, provocó la respuesta del edil de Economía, porque no fue lo acordado por el gobierno y porque si no se negocia y hay que afrontar el pago en metálico de otros 5,7 millones de euros (la diferencia de los 6,3 millones de la sentencia menos los 655.000 euros ya abonados) más los intereses, el plan económico municipal, que ya es inviable con los más de cuatro millones extras que hay que financiar, queda enterrado. La intención del consistorio es, además del recurso de casación, negociar el pago con patrimonio municipal (suelo).
La sentencia es sólo el remate, y no el origen de una crisis, que en lo económico no se entendería sin las otras causas.
