La documentación del proyecto de la mina de litio seguía expuesta ayer en la web municipal. Al menos hasta ayer por la tarde el ayuntamiento no había atendido al requerimiento de Tecnología Extremeña del Litio (TEL) para su retirada. Se estaba a la espera de un informe de los servicios jurídicos del consistorio para determinar si procede o no la retirada solicitada por la empresa, que entre otras cuestiones, según apuntó el portavoz del gobierno, Rafael Mateos, aduce la protección de datos personales y técnicos. Aunque a última hora de la mañana de ayer todavía no se tenía el informe, las primeras impresiones eran que no había motivos para retirar mucha de la información ya expuesta. TEL está participada por la española Sacyr y la australiana Plymouth Minerals.
Esta documentación o al menos gran parte de la misma se tendrá que exponer en los procedimientos de información pública que se abrirán en el trámite de la concesión de explotación y la autorización ambiental (al menos el plan de restauración y el estudio de impacto ambiental se tendrán que exponer al público). Entre los documentos que se pueden consultar en la web municipal también están el proyecto de explotación y el plan de viabilidad económica del proyecto.
Por otra parte, Medio Ambiente aún no ha resuelto el expediente abierto sobre el cumplimiento de las condiciones y medidas recogidas en el informe técnico de agosto de 2016 sobre el plan de restauración de los trabajos para la realización de sondeos. En el informe del servicio de Urbanismo del ayuntamiento que se tuvo en cuenta para abrir un procedimiento sancionador a la empresa se detallan hasta siete puntos del informe de Medio Ambiente sobre los que «se debe hacer un seguimiento ambiental que permita determinar si están siendo tenidos en cuenta por la empresa» en los trabajos hechos para la realización de los sondeos, perforaciones que están suspendidas temporalmente hasta que se resuelva el proceso sancionador.
Además el servicio de Urbanismo considera que se han dado las circunstancias recogidas en el informe de Medio Ambiente para que el proyecto para los sondeos se someta a evaluación de impacto ambiental abreviada, proceso al que no se llegó a someter.
La fiscal delegada de Medio Ambiente, Olga Suárez, ha remitido al Seprona la denuncia presentada por un particular, Fernando García Figueroa, para determinar si hay indicios de delito en las labores que la empresa ha hecho en el entorno de Valdeflores para los trabajos de perforación. La fiscalía tiene ahora un plazo de seis meses para decidir si archiva o denuncia. «El delito es la última opción. Solo si es ineficaz la administración o hay un riesgo de daño al medio ambiente entrará el delito», comentó ayer la fiscal.
Los trabajos que TEL ha realizado cuentan con autorización de Minas, informe de Medio Ambiente al plan de restauración y licencias municipales, los efectos de estas últimas están suspendidos porque el ayuntamiento considera que la empresa se ha excedido.
