El consistorio comunicó en noviembre a Olleta una propuesta de sanción, por importe de 75.126 euros, por verter tierras en suelo de protección especial Montaña. Olleta presentó alegaciones en su defensa. La multa se apoya en la legislación del suelo de Extremadura que, entre otros fines, obliga a conservar el suelo en las condiciones precisas para evitar riesgos de erosión y a hacer las plantaciones y obras de defensa del suelo y su vegetación. A lo anterior se suma el plan general de urbanismo en vigor que limita las actuaciones en suelo de protección especial Montaña, con unas medidas para evitar el impacto ambiental.

Este expediente administrativo es uno de los dos procesos, el otro está desde el 2003 en vía judicial, que mantienen el consistorio y Olleta, que hizo públicas el lunes las diferencias que tiene con el consistorio por, precisamente, no hacer cumplir otro de los artículos del plan de urbanismo actual, que regula que tiene que haber dos kilómetros entre un núcleo de población y la cantera. Olleta advertía a compradores de los pisos afectados y constructores de la situación de ilegalidad que se da y al mismo tiempo reiteraba su interés por dialogar con el ayuntamiento.

Por parte del gobierno local, que estima que la sociedad carece de licencia para la actividad extractiva, no hubo ayer un pronunciamiento oficial ni respuesta a las afirmaciones de Olleta.

Sí se habló de esta cuestión en la junta de portavoces de ayer, pero no en la reunión del equipo de gobierno local celebrada unas horas después. Contactos entre las dos partes ha habido con anterioridad, sin que se llegase a un acuerdo, incluso en uno de estos encuentros se plantearon unas condiciones económicas y de aprovechamientos urbanísticos que por parte del consistorio no se podían asumir, según indicaron fuentes consultadas.

El ayuntamiento sostiene que la sociedad no tiene licencia para extraer áridos y en enero del año 2003 ordenó el cierre de la cantera, lo que dio lugar al recurso de Olleta y al proceso judicial. Durante los seis primeros meses de 1978 se tramitó por parte del padre de los actuales administradores la legalización de la cantera, que tenía autorización de Industria con fecha de diciembre de 1976, con el fin de llevar en explotación la cantera.

Durante esos meses se tramitan distintos informes, en uno se advierte de que la cantera quedaría fuera de ordenación con la nueva calificación del suelo (de rústico a urbanizable no programado), que concluyen con un informe del gobernador civil para dar la licencia y la decisión del consistorio de dar permiso para instalar una planta trituradora.