El gobierno local no tendrá prisas en aplicar el plan económico y financiero. Su portavoz y concejal de Economía, Andrés Nevado, precisó ayer que sin consenso "no se puede decir" que entrará en vigor en el 2007. Será la nueva corporación local, tras las elecciones que se celebran dentro de once meses, la que "pondrá en marcha", añadió el edil, el grueso de este plan, ya que la intención del gobierno local es que sólo algunas de las acciones que se proponen, como la refinanciación de la deuda por operaciones de crédito, se acometan antes de un año. Lo que sí se descarta para el 2007, un año electoral, es la subida de los impuestos locales, una de las soluciones que el servicio de Intervención municipal plantea en el plan.
Ese consenso lo puede encontrar el gobierno local en el concejal independiente, Felipe Vela. El plan lo hace Intervención tras el acuerdo alcanzado por el PP y Vela para que el edil no adscrito respaldase los presupuestos del 2006. Vela dijo ayer que el gobierno realiza "un ejercicio de responsabilidad" al presentar un plan que recoge en "un alto porcentaje" las tesis que planteaba cuando era el edil de Economía.
No obstante, insistió en que por ahora se trata de un "borrador", que calificó de "riguroso", pero que es "insuficiente" porque resaltó que lo primero a determinar será "el déficit real", que calculó que estará entre "los veinte y veinticinco millones de euros". El plan de economicidad surge para dotar de financiación a una débito de 13,8 millones de euros (sentencia del parque del Príncipe, convenio Sepei, revisión del contrato de la basura...) que se reconoce en los presupuestos, pero que no se financia.
La comisión local de Economía abordó ayer el contenido del plan en un primer encuentro al que seguirán otros, ya que el plazo inicial del 30 de junio se va a superar. El portavoz del PSOE en la comisión, Lorenzo de la Calle, se mostró muy crítico. Lo primero que aseguró fue que se trata de "un plan de saneamiento" en el que "se reconoce" que se ha estado "vulnerando" la ley regional del Suelo.
De la Calle resaltó que en el plan de economicidad se especifican acciones que en esta legislatura ya se habían ido planteando desde el PSOE y criticó que los cálculos que se recogen sean del periodo 2002-2004 "cuando la liquidación del presupuesto del 2005 tenía que estar aprobada desde el pasado 1 de junio".
El portavoz de IU, Santiago Pavón, estimó ayer que es "difícil verle la virtualidad" a las propuestas planteadas y dijo que cifrar la capacidad de ingresos a las acciones del plan "es poco menos que castillos en el aire".
Para entender este plan y el momento en el que se presenta hay que valorar dos hechos que condicionan las arcas locales. El primero es la ley regional del Suelo. Y el segundo son los resultados de los últimos ejercicios económicos. El 2004 ya se cerró con un remanente de tesorería negativo de 2 millones, y el dato del 2005, que aún no es oficial, podría hasta superar esta cifra.
CLAVES DEL PLAN Lo que hace Intervención es ofrecer al gobierno local nuevas posibilidades de generar ingresos. Hasta ahora la venta de suelo municipal era la principal fuente de recursos para sacar fondos con los que hacer inversiones. Pero la ley regional obliga a destinar los resultados de la venta a unos fines concretos, principalmente a generar nuevo patrimonio de suelo para destinarlo a viviendas de promoción pública. El gobierno ha salvado hasta ahora esta situación declarando las inversiones de interés social, aunque ya ha habido distintos pronunciamientos en contra de esta política.
Lo que propone Intervención es que con los ingresos corrientes (que proceden en su mayoría de los impuestos y tasas, ya que las aportaciones del Estado y de la Junta quedan fuera de la competencia directa del ayuntamiento) y con ahorro se financien los gastos corrientes (personal, las partidas para el funcionamiento normal del consistorio, los servicios públicos...), parte de las inversiones y el débito de 13,8 millones de euros. Y todo en un plazo que sería de cinco años.
Pero ofrece otras alternativas. Parte pasan por controlar el gasto en bienes y servicios, de suministro o de las concesiones administrativas (agua, basura, autobuses...) que se llevan más de la quinta parte del presupuesto local. Además se plantean otras
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