La alcaldesa, Elena Nevado, recordó ayer que el ayuntamiento no está de acuerdo con el contenido del protocolo que firmarán la Junta y el organismo de recaudación de la diputación, que es el que gestiona el cobro de los tributos del consistorio, para atender en cinco años la deuda que la Junta tiene con el ayuntamiento (casi todo es del IBI urbano correspondiente a edificios destinados a fines sanitarios, a viviendas sociales y a usos administrativos). El motivo de la disconformidad del gobierno municipal es que este acuerdo no incluye el pago de los recargos de demora, un gravamen «al que no vamos a renunciar», aseguró Nevado.
La alcaldesa se refirió ayer a este asunto a preguntas de los medios de información. Lo hizo un día después de que el Consejo de Gobierno de la Junta autorizase la firma del protocolo con la diputación, un acuerdo en el que se viene trabajando durante los últimos meses y que se firmará en próximas fechas. En el encuentro que Nevado mantuvo con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, el pasado mes de diciembre en Mérida ya se habló del convenio con el organismo de recaudación para atender la deuda tributara que se tiene con el ayuntamiento.
Con este protocolo, que también se firmará con el organismo de recaudación de la diputación provincial de Badajoz, se pretende liquidar en un plazo de cinco años una deuda de 16,8 millones que la Junta tiene con los ayuntamientos de la región de recibos del periodo 2012/2017, según se anunció tras la reunión del martes del Consejo de Gobierno.
EL IMPORTE DE LA DEUDA / La deuda que el ayuntamiento demanda a la Junta es de 2,2 millones, según la última actualización que se abordó el pasado junio en la Comisión de Economía del consistorio. En esta estimación no está incluida la cantidad correspondiente al ejercicio de 2017. Este débito es de 1.908 liquidaciones y se divide en 1,9 millones pendientes de pago del principal de los tributos y 253.000 euros de los recargos que se aplican una vez finalizado el plazo de pago voluntario del impuesto. Casi todo el importe que se reclama es de recibos del IBI urbano.
El portavoz del gobierno, Rafael Mateos, ya avanzó el pasado jueves el rechazo del gobierno local al contenido del protocolo y aseguró que es lesivo para los intereses de la ciudad al no incluir los recargos de demora, que pueden llegar a un máximo del 20%.
El discurso de Mateos lo repitió ayer Nevado cuando se le pidió una valoración del acuerdo tomado por el Consejo de Gobierno de la Junta. «Si a los ciudadanos les exigimos que paguen en tiempo y forma y si no lo hacen le ponemos un recargo y le obligamos a pagar intereses, lo que no puede hacerse ahora es establecer un régimen distinto para las administraciones, me parece vergonzoso», expuso Nevado en su intervención.
No fue el único motivo de queja de la regidora sobre el contenido del protocolo, ya que tampoco estuvo de acuerdo con que el pago de la deuda se prolongue durante cinco años. «Es increíble que la Junta diga que paga el IBI cuando quiere y como quiere y que al resto se le exija pagar el impuesto en tiempo y forma», añadió Nevado.
