Supongamos que mañana monto un negocio, digamos, un bar. Si al comprar los víveres me dejo llevar únicamente por el criterio de «lo más barato», es seguro que a las pocas semanas nadie entrará porque se habrá corrido la voz de que mi bar es una bazofia. Todo el mundo entiende que en un mercado competitivo tengo que esforzarme por dar el mejor servicio al mejor precio posible. En la administración, sin embargo, a pesar del mantra de que un político debe ser ante todo un gestor, los procesos de contratación se resuelven en función de la oferta más baja; el servicio, ya, si eso.

Que esto ocurra no es casual, porque ni la administración es una empresa, ni los ciudadanos somos clientes. Una empresa se arriesga a perder si ofrece un mal servicio. La administración, por el contrario, carece de los contrapesos que hacen funcionar el libre mercado.

El criterio económico (como si la economía consistiera únicamente en el precio) tiene al menos dos efectos absolutamente perversos. En primer lugar, si contrato un servicio para mi bar, soy yo quien sufre la calidad de ese servicio; no es eso lo que ocurre en el caso de los contratos públicos. Poco me importa la calidad de la comida en los hospitales o los colegios públicos si utilizo la sanidad y la educación privadas.

Por el contrario, en todos estos años a los políticos les interesa concentrar en una única empresa los contratos, como hemos visto recientemente con el de ambulancias. Es más fácil resolver los concursos: grandes cifras a las que solo las grandes empresas pueden hacer frente. Es también una buena forma de que el político a cargo complemente su sueldo y financie ilegalmente su partido, como hemos visto en Madrid, Valencia, Sevilla y en una lista interminable de casos que se acumulan en los juzgados.

Pero tiene otro efecto perverso, quienes realizan finalmente el trabajo lo hacen en condiciones de explotación, con sueldos miserables y contratos abusivos. Supongamos que el ayuntamiento se ahorrara dinero, que no es verdad y es la razón por la que incluso gobiernos del PP han comenzado a remunicipalizar servicios. ¿A costa de qué se produciría ese ahorro? A costa de los ciudadanos. Este tipo de cláusulas lleva a que el gobierno municipal explote laboralmente, en vez de mejorar las condiciones de vida, a aquellos a los que debería servir.

No entendemos la administración de este modo y por eso queremos que los pliegos de contratación se hagan de tal manera que las pymes cacereñas puedan participar en los concursos y que su peso económico global se vea reflejado en la contratación pública. Hay muchos motivos para hacerlo. En primer lugar, se distribuyen los recursos públicos de manera más uniforme: el dinero de todos llega a todos, no solo a las grandes empresas. En segundo lugar, al tener una implantación local, los empresarios son también usuarios de los servicios públicos, por lo que la calidad necesariamente va a ser mucho más alta (nadie va a escatimar en la salud de los suyos). En tercer lugar, las condiciones de los trabajadores son mucho mejores en las pymes que en las grandes empresas. En cuarto lugar, se genera competencia; si se contratan varias empresas, estarán obligadas a mejorar sus procesos de cara a futuros concursos y estarán sometidas a la evaluación que los ciudadanos hagan de su servicio. Finalmente, la contratación de pymes supone un obstáculo a la corrupción: cuantos más agentes estén involucrados, más difícil resulta ocultarla.

Por esta razón hemos presentado una moción en el ayuntamiento de Cáceres para que nuestras pymes tengan más oportunidades frente a las grandes empresas y para que tengamos mejores servicios y mejores condiciones laborales. En suma, para que los habitantes de esta ciudad vivamos mejor.