El Ayuntmaiento de Cáceres lleva escrituradas 112 viviendas sociales en Aldea Moret

Nevado indicó que "se buscará una solución caso por caso con cada una de las familias", al mismo tiempo que añadió que para aquellos que no puedan afrontar el gasto que conlleva regularizar la situación --alrededor de 600 euros-- "pueden solicitar ayudas en el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS)". Igualmente, indicó que la vía del alquiler social sigue abierta para aquellos que la prefieran en lugar de una hipoteca, aunque "en algunos casos la mensualidad en el alquiler supera la de la hipoteca", apuntó.

DEFICIENCIAS Una de las principales cuestiones que frena a los residentes a escriturar son los desperfectos que sufren las viviendas sociales entregadas en 1988. El ayuntamiento comunicó que no asumirá esas deficiencias ya que "la conservación y cuidado de los inmuebles es responsabilidad de los propietarios" y, además, el plazo para reclamar desperfectos a la constructora expiró en 1998.

Por su parte, la asociación defiende que desde el principio la estructura sufría deficiencias y que se entregaron escritos en el registro del ayuntamiento denunciando la situación desde el primer momento. "Tenemos documentos de 1990 e incluso 1989 en los que se hace referencia a los desperfectos que sufrían las viviendas. De hecho, una vecina denunció que se le fue parte del tejado a causa de una fuerte ventisca poco tiempo después de recibir las llaves", sostiene Teresa Romero, presidenta del colectivo. "Votaremos en la próxima asamblea si mandamos toda la información de nuevo y, si se vota que sí, la reenviaremos a través del gabinete de prensa de la alcaldía, aunque no sabemos si responderán ya que hemos enviado más de seis escritos, al margen de los individuales de cada vecino, y solo han respondido a dos", añade Romero.

El colectivo también pidió al consistorio que asuma la deuda que mantiene con algunas comunidades de vecinos por impagos en las cuotas comunitarias de los pisos que son de propiedad municipal y que, en el caso de Río Tíber 8, supera los 5.000 euros. El ayuntamiento garantizó que se hará cargo de la parte que le corresponde en cada finca, toda vez que el administrador de cada comunidad de vecinos envíe un informe al consistorio y se cotejen las cifras a pagar, ya que "el dinero que maneja el ayuntamiento es dinero público", subrayó Nevado.

CIVISMO Finalmente, se pusieron sobre la mesa los problemas de civismo que sufre el barrio, con la celebración de rallyes en la avenida de la Constitución y demás actividades ilegales. "Hemos estado llamando a la policía local durante todo el verano por problemas de civismo y no han venido, hemos tenido que llamar a la nacional", desvela Romero. Ante esta situación, los miembros del colectivo han sido informados de que el comisario de la policía local se pondrá en contacto con ellos próximamente para tratar la situación.