Ochenta expedientes de rehabilitación de viviendas en el casco viejo de la ciudad están paralizados y amontonados en la oficina municipal. La baja laboral desde julio de la única administrativa con la que cuenta la oficina ha provocado este atasco de expedientes que afecta a su tramitación y, en consecuencia, al cobro de las subvenciones. La oficina tramita al año una media de 105 a 110 expedientes, por lo que este colapso afectaría casi al 70%.
En nueve años de funcionamiento de la oficina de la denominada ARI (Area de Rehabilitación Integral), es la primera vez que se produce una situación así, según aseguraron fuentes de la oficina municipal.
FALTA DE PREVISION El problema médico de la administrativa se complicó y alargó más de lo previsto inicialmente y hasta noviembre no se informó de la situación a la Comisión Municipal de Seguimiento del Plan Especial, que supervisa la labor de la oficina. Antes de navidades, la baja de la administrativa no se había cubierto todavía, aunque se estudiaba la manera de solucionar el problema, según informaron las mismas fuentes.
El personal de la oficina lo forman actualmente cuatro trabajadores: un arquitecto técnico, que es el responsable de la misma, y dos técnicos colaboradores (un arqueólogo y un historiador) de la Consejería de Cultura y la administrativa. Los técnicos valoran las obras de rehabilitación a acometer y elaboran los informes al respecto, mientras que la administrativa se encarga de la tramitación de los documentos necesarios para el cobro de las ayudas.
La oficina depende del ayuntamiento, aunque su labor es de gestión, ya que el dinero de las subvenciones lo aportan la Junta de Extremadura y el Ministerio de Vivienda.
MESES DE ESPERA Los expedientes afectados por el colapso están en diferentes fases de tramitación, desde los que acaban de llegar a los que están prácticamente concluidos y a la espera únicamente del envío de la documentación final para llegar al último paso: recibir el dinero.
Normalmente, desde la apertura del expediente cuando se solicita la ayuda --que se realiza antes de iniciar la obra en la mayoría de los casos-- hasta la recepción del dinero pueden pasar dos años. Sólo desde el momento en que un expediente recibe la aprobación final y la oficina municipal lo archiva, la Junta y el ministerio tardan una media de un año en abonar el dinero que corresponde a cada rehabilitación. Los cerca de 80 expedientes afectados por este colapso tendrán que esperar aún más.
