La alcaldesa, Carmen Heras, se incorpora esta mañana a su puesto. Uno de los primeros temas de los que hablará, cuando al mediodía comparezca ante los medios de información, será del pago de deuda que se afronta con las seis operaciones de crédito que por valor de 30,1 millones se concertaron en julio con 4 entidades. La primera previsión fue que se pagaría a todos los acreedores en los últimos días del mes de agosto, un cálculo que se habría adelantado a esta semana y de lo que hoy informará la alcaldesa. Desde ahora se debe menos a las grandes empresas concesionarias de los servicios públicos y a pequeños y medianos acreedores, pero más a los bancos y cajas, especialmente al Banco Santander, primero entre los acreedores del consistorio cacereño.
La deuda con el Santander era de 13 millones en enero por tres créditos que se concertaron con anterioridad (uno es de la actual corporación y otros de gobiernos anteriores), ahora supera los 20 millones por cinco préstamos.
Las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno la pasada primavera para afrontar la crisis económica son las que han permitido al ejecutivo local de Heras contratar el pasado julio la mayor operación de crédito, con seis préstamos, del ayuntamiento. El Gobierno posibilitó a los consistorios concertar créditos para gastos corrientes (antes solo se destinaban a inversiones).
El fin del Gobierno era facilitar a los ayuntamiento el pago de su deuda con pequeñas y medianas empresas y autónomos, que el dinero llegase a estos sectores en tiempos de crisis. El Gobierno ponía un requisito al endeudamiento de los consistorios con las entidades bancarias: los importes de los créditos debían salir de las deudas que el consistorio tenía por Operaciones Pendientes de Aplicación Presupuestaria (Opa), que cuando se planteó la posibilidad de recurrir a esta fórmula eran de 27,1 millones, y del remanente de tesorería negativo para gastos generales de la liquidación de 2008, que ascendió a casi 3 millones.
El Gobierno dotaba de crédito a las operaciones para las que los consistorios no contaban con financiación. No obstante, la deuda del Ayuntamiento de Cáceres no asciende sólo a 30,1 millones de euros, ya que hay otras cantidades de deuda con proveedores de gastos que estaban en presupuesto y que todavía carecen de la financiación inicialmente prevista. Entre el listado de las facturas (con más de un millar de apuntes) que se abonan con los 30,1 millones de los seis créditos no solo hay deudas de Opa (gastos fuera del presupuesto), sino también de otros conceptos.
Otra condición que el Gobierno requería a los ayuntamientos era que para contratar los créditos necesitaban antes la aprobación de un plan de saneamiento, que incluyese los recursos necesarios para garantizar el pago de los préstamos en un periodo no superior a los seis años. El ayuntamiento aprobó el plan, que como principal fuente para el pago de la amortización y de los intereses de los créditos propone el canon que deberá salir del próximo contrato para la gestión del servicio de abastecimiento y depuración del agua.
El plan de saneamiento calculó unos ingresos por el canon de 5.214.170 euros al año durante un sexenio (2010-2015). Esta cantidad se calculaba en base a que la gestión del servicio la volvería a llevar una empresa con un contrato por 24 años.
El plan de saneamiento preveía que se mantenía la misma fórmula (una empresa, Canal de Isabel II, gestiona el servicio desde 1995, el contrato acaba en febrero, aunque se puede prorrogar 6 meses, y ahora se debe convocar un nuevo concurso).
Los números del plan se planificaron pensando que una empresa se iba a quedar con la gestión y que se le exigiría pagar un canon. Pero esta previsión pueda variar, y con ello los cálculos, al menos el del periodo del contrato, ya que 24 años serían insuficientes si sale adelante la posibilidad, que incluso se incluyó en el plan y de la que se habló en el último pleno de la corporación,
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