El problema de los ruidos nocturnos se ha trasladado ahora a la zona de Pizarro. Si hace una década era La Madrila la parte de la ciudad que más denuncias acumulaba por los ruidos provocados por los locales de ocio, ahora es Pizarro la que más sufre esta situación. Los hosteleros de la zona reciben denuncias a diario porque los vecinos se quejan del ruido que provocan los clientes cuando salen a la calle. No saben cómo solucionar la situación.
Han colocado carteles en las puertas de los establecimientos para advertir a los clientes de que está prohibido consumir en la vía pública y los porteros se encargan de que nadie salga a la calle con los vasos, pero eso no acaba con los ruidos. El principal problema es la gente que se acumula en las puertas cuando salen a fumar, ya que dentro de los establecimientos está prohibido. Esos ruidos molestan a los vecinos, que llevan meses quejándose de que no pueden dormir. Para intentar apaciguar los ánimos el ayuntamiento va a convocar una reunión a tres bandas: consistorio, vecinos y hosteleros, para acercar posturas y lograr llegar un acuerdo para que pueda convivir el ocio nocturno con el descanso vecinal.
La policía vigila la zona al ser ahora la más conflictiva. De hecho ha precintado ya varios equipos de música porque sobrepasaban los decibelios permitidos. Sin embargo esta medida es entendida y compartida por los empresarios, que defienden que se tiene que cumplir la ley. Lo que no comparten es que les hagan a ellos responsables de los ruidos que provoca la gente de la calle. «No somos cuidadores ni educadores sociales para tener que decir a la gente cómo se tiene que comportar», aseguran. Este fin de semana se ha unido además una ola de denuncias por el horario de cierre debido al cambio de hora. Como había que adelantar una hora los relojes la policía obligó a los establecimientos a cesar su actividad a las dos (hora antigua), justificando que ya eran las tres (hora nueva).
se reunieron con la junta / La Asociación de Cacereños Contra el Ruido ya trasladó este problema al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, durante una reunión que mantuvieron hace poco más de un mes en la capital autonómica. El colectivo asegura que los ruidos afectan tanto a esta zona como a La Madrila, la más conflictiva desde siempre y en la que hay abierto un proceso judicial por las denuncias interpuestas, y en Santiago. Solicitaron al presidente que extremara las medidas de vigilancia para hacer cumplir la ley.
El problema adquiere especial importancia teniendo en cuenta la situación que ha vivido La Madrila, donde una querella presentada por la Asociación de Cacereños Contra el Ruido llevó a que el juzgado tomara la decisión de cerrar cautelarmente ocho establecimientos hace cinco años. Cuatro de ellos reabrieron al poco tiempo tras acreditar que habían llevado a cabo obras de insonorización; el resto continúa cerrado a pesar de que la medida cautelar se ha levantado al transcurrir cinco años desde que se dictó, tiempo máximo que puede estar activa.
El caso se encuentra pendiente de juicio, que comenzará el 20 de septiembre y durará mes y medio. Están imputados la exalcaldesa Carmen Heras y el exconcejal de Seguridad Ciudadana Carlos Jurado, para los que la Fiscalía solicita un año y nueve meses de prisión y diez de inhabilitación por un delito de prevaricación medioambiental. También los que regentaban ocho locales: para siete de ellos (La Belle, Submarino, Maquiavelo, La Cuerda, Barroco, Latino’s y Sugar) solicita tres años de prisión y para el propietario del otro, Póker, pide tres años y nueve meses de cárcel.
El colectivo de Cacereños Contra el Ruido, que ejerce de acusación particular, además de las penas de prisión que pide la Fiscalía, solicita que se indemnice a los 14 vecinos afectados con 297.000 euros (con 35.000 euros a tres de ellos y con 12.000 al resto). Y que el ayuntamiento sea considerado responsable subsidiario para que se haga cargo de las indemnizaciones en el caso de que los establecimientos no puedan hacerlo.
