Vio la luz en 1987 y lo hizo como paradigma de política social, como ejemplo para garantizar el acceso a un vivienda digna de las clases más desfavorecidas. Pero pocos después, el paradigma se convirtió en fracaso, y durante 22 largos años el Bloque C de la calle Ródano ha sido el más conflictivo de toda la ciudad y ha empañado la imagen de Aldea Moret, el barrio que directamente ha sufrido el azote de la violencia y la marginación.
Fue en abril del año 2006 cuando el equipo de gobierno del PP, que entonces presidía el alcalde, José María Saponi, decidió iniciar la tramitación para derribar el edificio después de que en su interior apareciera emparedada una mujer que llevaba meses muerta. El suceso conmocionó tanto a la opinión pública cacereña que se convirtió en la última gota que colmaba un vaso lleno de errores políticos y reivindicaciones vecinales.
Falsos techos rotos, malos olores, ratas, incendios fortuitos o intencionados, muertes, marginación, droga... escenario en el que convivían etnias y que administrativamente ha gestionado el ayuntamiento. La noticia de que los últimos reaolojos y desahucios finalizarán en el mes de septiembre, anunciada la semana pasada por el gobierno socialista de Carmen Heras, marca el inicio del fin de la historia del Bloque C. Ahora, el consistorio estudia el derribo del inmueble y en su lugar levantará una plaza como homenaje al olvido de lo que en su parcela existió y como lección para que no vuelvan a sucederse historias que tanto atentan contra la dignidad humana.
EL INFORME Un extenso informe redactado por los técnicos municipales del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (Imas) aborda precisamente este último trámite administrativo del Bloque C, centrado en la regularización de la segunda fase de los realojos de las familias que residen legalmente en el edificio a otros inmuebles del barrio.
El trámite se ejecuta en virtud de las dos demandas presentadas por el abogado del ayuntamiento, Javier González Recuero, en los juzgados de Instrucción números 1, 5 y 6 de Cáceres: por un lado, la resolución de los contratos de los adjudicatarios iniciales, y, por otro, la demanda de desahucio a las familias ilegales.
Una vez solventados estos dos trámites, que el Imas calcula para este otoño, el instituto municipal aboga por romper todos los pisos por dentro para evitar nuevas ocupaciones ilegales y, paralelamente, tramitar el expediente de ruina total del edificio para su derribo. También se ha barajado la posibilidad de restaurar el inmueble, pero la delicada situación de las arcas municipales parecen desaconsejar esta opción dado su elevado coste, de 2 a 3 millones de euros.
Pero el Bloque C no es el único destinado a viviendas sociales en Aldea Moret. A su lado está el Bloque B, en mejor situación a la de su vecino, aunque eso sí, los propietarios legales demandan, por ejemplo, que los contadores de agua sean individuales y no colectivos como hasta ahora. Igualmente, existen deficiencias importantes en los garajes y las bajantes. En el Bloque B, curiosamente, también existen ocupantes ilegales, aunque en su mayoría quieren comprar. Muchos de ellos son familias normalizadas que residen en el edificio entre 10 y 15 años, por tanto, el informe abre la posibilidad de encontrar un mecanismo para que puedan optar al piso que habitan.
VIVIENDAS DE LA JUNTA En Aldea Moret también existen viviendas sociales de la Junta de Extremadura. Mediante una negociación entre la concejala de Asuntos Sociales, Marcelina Elviro, y el director general de la Vivienda, Juan Francisco Moreno, se elevará una propuesta de adjudicación directa a la Junta para que sea ella quien adjudique las 76 viviendas que posee a las familias más necesitadas.
Y todo ello sin olvidar la conveniencia que el informe plantea de abordar un Consorcio, adaptando el modelo del Barrio de la Mina de Barcelona, que tan buenos resultados ha dado en materia social a la capital catalana. Ese Consorcio, formado por todas las instituciones extremeñas, deberá servir para canalizar acciones que realmente sirvan para acabar con la lacra de la desigualdad y tratarán de evitar un nuevo Bloque C, ese que convirtió Aldea Moret en un infierno y que ahora inicia la recta final de un camino que terminará entre escombros.
