Cuando te acusan de falsedades uno no se las toma muy bien", indicó ayer Javier Moreno Martín, uno de los portavoces del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de Cáceres, en referencia a las declaraciones que realizó el pasado viernes el portavoz del equipo de gobierno de Diputación, Fernando García Nicolás, tras la suspensión del pleno ordinario debido a las protestas del colectivo de bomberos y a la aparición de un varón encapuchado, esposado y vestido con un mono similar al de un recluso.
García Nicolás calificó de "terrorismo institucional" la actitud de los bomberos, sobre los que anunció que una de sus reivindicaciones tiene que ver con una subida salarial de alrededor de 500 euros y que el acuerdo alcanzado con el PP en la anterior legislatura carece de validez, ya que, entre otras cosas, no había pasado por la Mesa de Negociación de los empleados públicos.
El Sepei niega ambas afirmaciones y los bomberos celebraron ayer una asamblea, junto con el sindicato USO, con el objetivo de realizar un "llamamiento a la calma a todas las partes" y en la que convocaron una rueda de prensa, que tendrá lugar mañana en el Parque de Bomberos, en la que detallarán "todo lo que está pasando" para "defender a los trabajadores del Sepei de las acusaciones que realizó el portavoz del equipo de gobierno de Diputación".
En ese sentido, Moreno Martín abogó ayer por "buscar una solución al problema a través del consenso y el diálogo", asoció las "desafortunadas" declaraciones de García Nicolás a "un momento de calentón" y manifestó que esperan que rectifique. En la última Mesa de Negociación, celebrada el pasado miércoles, Moreno Martín señaló que "las conversaciones quedaron prácticamente rotas". Igualmente, ayer fue aplazada otra reunión prevista entre la institución provincial y personal del Sepei.
INFORMES EN CONTRA Por su parte, la presidenta de la Diputación, Rosario Cordero, manifestó, en declaraciones a Efe, que "desde el primer momento" la institución provincial "ha estado dispuesta a reflexionar" sobre una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que "presenta muchos problemas y fue aprobada por la mitad de los sindicatos de la institución provincial, no por la mayoría".
Asimismo, sobre el acuerdo al que se llegó con el PP, que contemplaba una subida salarial de 500 euros, Cordero señaló que "se aprobó antes de las elecciones de mayo, donde no había partida presupuestaria, no existía informe de la Intervención y todos los informes jurídicos se pronuncian en contra --de ese acuerdo--".
"Desde el primer momento que me reuní con los bomberos en julio siempre les dijimos que se estudiarían todas las posibilidades y que el acuerdo estaría encima de la mesa, aunque estaba difícil", reconoció la presidenta, que aseguró que la última reunión que mantuvo con el colectivo se alargó cinco horas.
Por último, Cordero precisó que se ha creado una mesa sectorial "solo para tratar esta negociación" y que "este proceso sigue abierto".
