La Comisión de Economía iniciará hoy el estudio del que será, junto a la aprobación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, uno de los temas centrales de la política municipal para los próximos meses: el plan de economicidad y saneamiento económico financiero de las cuentas municipales, resultado de la enmienda que el concejal no adscrito, Felipe Vela, presentó a los presupuestos locales del 2006 y cuyo borrador ha sido redactado por los servicios económicos del ayuntamiento. El borrador será presentado a los grupos políticos por el interventor en la sesión de hoy.

El plan es, de momento eso: solo un borrador. Es decir, en él se introducen las que a juicio del interventor son las medidas básicas a seguir para sanear las arcas municipales, ello no quiere decir que se acepten todas ni que todas ellas se vayan a poner en marcha. El texto necesita del apoyo ineludible de los grupos políticos que, a día de hoy, aseguran que trabajarán para lograr que ese plan se ponga en marcha con el consenso de todas las fuerzas con representación en el hemiciclo cacereño.

Hoy está previsto que el interventor realice una presentación pedagógica de esta especie de vademecum de la gestión económica. Se trata de un documento de 14 folios tras cuya exposición se entregará a los concejales de la comisión para su estudio y debate en posteriores comisiones. Andrés Nevado, portavoz del gobierno y edil de Economía, insistió precisamente en el consenso y comentó que este principio es el que debiera guiar la aplicación del plan financiero.

Las medidas que el interventor entiende deben aplicarse se refieren a varios aspectos, uno es la política de personal, que incluye la reducción de la plantilla y también la de las gratificaciones. Respecto a los gastos corrientes pide un plan de control de concesiones administrativas y la racionalización de gastos en compras que hace el consistorio. En materia de gestión entiende que las operaciones que supongan un incremento de gasto deben pasar previamente por la comisión de Hacienda.

El plan aboga por una refinanciación del endeudamiento. El equipo de gobierno sostiene que la deuda que el ayuntamiento no tiene capacidad para financiar alcanza los 14 millones de euros; Felipe Vela la valora en 19 y el PSOE, en 22, según avanzó ayer el concejal socialista Lorenzo de la Calle, quien se mostró satisfecho porque, dijo, "la elaboración del borrador demuestra que teníamos razón".

A estas acciones se unen importantes medidas de choque que pasan por que en los procedimientos por concurso se valore más la oferta económica que otros aspectos, una subida generalizada de los impuestos (IBI, tracción mecánica, etcétera) y una actualización de las bases tributarias al alza.

GEMACA Una de las propuestas más novedosas es la transformación de Gemaca --que hasta ahora se ocupaba del cobro de impuestos-- en una sociedad anónima para gestión de suelo, o sea, un organismo que capitalice y gestione el patrimonio municipal del suelo y que obligaría, entre otras cosas, a la cesión de un 10% de terrenos al ayuntamiento cada vez que se inicie un proceso de urbanización en la ciudad. La medida evitaría que el ayuntamiento saque a precio tasado, a subasta o a concurso el suelo y despejaría, a partir de entonces, cualquier duda en torno al uso que el consistorio da al dinero que obtiene de la venta de ese patrimonio.

Desde el gobierno se insiste en que durante la comisión de hoy no se adoptará ningún acuerdo, solo se dará a conocer un "documento complejo, pero no cerrado". También se subraya que la subida de impuestos "no será de hoy para mañana", aunque se admite que "hay que tender hacia una actualización" porque en Cáceres la presión fiscal del ciudadano es claramente inferior a la de otras ciudades.

Felipe Vela dijo ayer que el plan tiene que incorporar medidas para hacer un presupuesto moderno y dotarlo de ingresos necesarios para hacer inversiones con ingresos corrientes, sin necesidad de enajenar parcelas.

En cuanto a la subida de impuestos, Vela estima que hay que agotar antes otras posibilidades: las plusvalías de suelo deben revertir a favor del ayuntamiento y el Estado debe remunerar el 30% de los servicios que presta el ayuntamiento y que no le competen (ahora la ayuda es del 13%). Vela apuesta porque este borrador sea un instrumento de trabajo para conseguir el consenso político puesto que el plan está previsto para ser ejecutado durante un plazo de cinco años.

En principio la previsión era aprobar el plan en el pleno del próximo 30 de junio aunque, lógicamente, se retrasará.