Autobuses Urbanos del Sur (Busursa), empresa que gestiona el servicio municipal de transporte público, comunicó el pasado lunes al ayuntamiento su intención de resolver de mutuo acuerdo el contrato de la concesión de este servicio. El gobierno municipal confirmó ayer que llevará al próximo pleno, que se celebrará el día 20, la resolución de la relación con Busursa. El contrato actual se inició en el año 1999 y no finalizaba hasta 2014.

El gobierno local venía anunciando desde hace semanas su intención de resolver el contrato de concesión. Una solución motivada por la difícil situación de la empresa. Autobuses Urbanos del Sur pertenecía al grupo empresarial del ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y de su socio, Gonzalo Pascual, que la vendieron a la sociedad Posibilitum Bussines, que antes había adquirido Viajes Marsans.

Un juzgado decretó el pasado noviembre el embargo preventivo de los bienes de Díaz, Pascual y Posibilitum Bussines. Además desde mediados del pasado año el ayuntamiento tuvo que incrementar su aportación mensual a la empresa, de 70.000 a más de 220.000 euros, con cargo al déficit del servicio para garantizar el pago de nóminas. Con esta aportación y con la complicada situación de Busursa, desde hace semanas la gestión del servicio estaba de hecho, pero no de derecho dado que todavía está en vigor el contrato, municipalizada.

El gobierno municipal puso ayer fecha al acuerdo para la resolución del contrato con Busursa, aunque no concretó qué ocurrirá a partir de entonces. La alcaldesa, Carmen Heras, comentó ayer por la tarde, a preguntas de este diario tras la entrevista que mantuvo con el director gerente de Canal de Isabel II, que habría dos posibilidades: que el ayuntamiento se encargue de la gestión del servicio, que en la práctica es municipalizarlo, o que otra compañía se hiciese cargo temporalmente de la gestión del mismo.

UN NUEVO CONCURSO En cualquier caso ambas serían soluciones temporales hasta la convocatoria y adjudicación de un nuevo concurso. El equipo de gobierno confirmó ayer en un comunicado que se han mantenido contactos con otras empresas. Una de ellas es el grupo Subus, que gestiona los autobuses de Perpignan, Alicante, Albacete y Alcoy.

Su departamento de Comunicación confirmó ayer que representantes de la empresa estuvieron en Cáceres antes de las navidades. Heras ratificó que Subus es una de las compañías con las que se ha hablado, pero añadió que también se han tenido relaciones con otras. Los contactos con Subus no son nuevos. El pasado año ya se entablaron negociaciones para que la gestión del servicio se traspasase de Busursa a Subus sin tener que resolver el actual contrato, que se mantendría hasta su fin en el año 2014. Pero no se cerró el acuerdo con Busursa a causa de que un juzgado decretó en el mes de noviembre el embargo preventivo de los bienes de Posibilitum Bussines.

Heras no entró ayer en más detalles ni tampoco el gobierno municipal en su comunicado, ya que antes se pretende informar a los grupos políticos en la junta de portavoces que se celebra el viernes. En esa reunión se planteará la pretensión del gobierno local de llevar al pleno del próximo día 20 el acuerdo de resolución del contrato con Busursa.

UN PLAN DE PAGO Una de las cuestiones a solventar con la resolución del contrato con Busursa es cómo hace frente el ayuntamiento a la deuda que tiene con esta compañía. En uno de los encuentros entre empresa y gobierno que se celebraron en septiembre se cuantificó dicho débito en más de 5 millones, de los que 2,5 se adeudan a Autobuses Urbanos del Sur y otros 3 a entidades de crédito a las que Busursa endosó parte del débito municipal.

No obstante, esta deuda podría ser algo superior, se acercaría a 8 millones, al sumarse el déficit de 2010, que, no obstante, será inferior al de años anteriores al subir el ayuntamiento su aportación mensual. Además está lo que pueda quedar pendiente de la amortización de los vehículos. La resolución del contrato con Busursa incluiría un plan para hacer frente a la deuda. La financiación del mismo va a depender de que el consistorio reciba el canon que abone la empresa que se quede con el contrato de gestión del agua.