Juntas sumarán la mayor adjudicación de viviendas de protección oficial realizada en la última década en la capital cacereña, tras los 60 pisos cuya reasignación se anunció en verano de 2015 al haber sido recuperados en distintos puntos de Aldea Moret mediante la labor de los trabajadores sociales y los desahucios (por incumplimiento de las obligaciones de los inquilinos). Esta vez se han rescatado 64 viviendas, que serán objeto de las necesarias reformas para volver a adjudicarse a personas con recursos limitados que necesitan la ayuda de las administraciones a la hora de tener un techo en condiciones.

Se trata de dos actuaciones distintas del Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura, coincidentes en el tiempo. Por un lado, el gobierno local ha anunciado la rehabilitación de 40 inmuebles de titularidad municipal situados en la misma barriada de Aldea Moret. Para ello dispondrá de una partida de 886.667 € destinada a reformarlos.

Esta inversión procede de fondos europeos, ya que el Ayuntamiento de Cáceres ha logrado un total de 10 millones de euros (la cantidad más sustanciosa de los últimos años) dentro la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI), que permitirá cofinanciar propuestas para hacer de Cáceres una ciudad más sostenible. Precisamente, la concejala de Innovación, María Guardiola, ha avanzado algunas de las iniciativas que se desarrollarán con cargo a este plan, entre ellas el Programa de rehabilitación de viviendas para personas en riesgo de exclusión social, que reformará casi medio centenar de viviendas en Aldea Moret y las adjudicará a quienes de verdad se ajustan a los criterios de los servicios sociales.

Al mismo tiempo, la Junta de Extremadura ya ha desalojado y tapiado el bloque 2 de la calle Ródano, formado por 24 pisos distribuidos en siete alturas, también en Aldea Moret. Los inquilinos que estaban de forma regularizada han sido trasladados a otros inmuebles de modo que no queda nadie en el interior. El objetivo consiste en realizar una reforma integral del inmueble, tanto viviendas como zonas comunes, a fin de que pueda ser ocupado de nuevo en condiciones de habitabilidad.

De hecho, este edificio viene arrastrando serios problemas desde hace años. Ya en 2011, los vecinos del bloque 1, que comparten patio con el 2, denunciaron ante la Consejería de Fomento que dicho patio se encontraba lleno de basuras, restos de comidas, botellas y plásticos, con la consiguiente proliferación de ratas, mosquitos y malos olores, pese al intento de las 26 familias del bloque 1 de mantener todo limpio. Por entonces, el bloque 2 ya no tenía cristales en el acceso, ni luz, y estaba visiblemente deteriorado. Un informe de la Junta desveló que ya era el edificio con más ocupaciones ilegales: de las 28 viviendas, 10 tenían un expediente de desahucio abierto y sobre otras 6 pesaba una autorización judicial para entrar a los domicilios por impago de las cuotas y ocupación ilegal.

TRÁMITES EN MARCHA / La última operación para retirar la basura del patio se ha realizado en mayo de este mismo año, una vez desalojado el bloque. Su rehabilitación no será sencilla. La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta prevé una inversión que rondará 1,2 millones de euros para poner a punto todo el edificio, dado su estado actual. Este verano, el Ejecutivo regional ya anunció que el primer paso consistía en el estudio de las patologías del bloque. Actualmente se está tramitando el expediente de contratación del proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud para la obra.

Finalizado ese paso, se publicará la licitación de la reforma. «El proyecto para dicha intervención podría estar redactado, supervisado y aprobado en los primeros meses de 2018, licitando en ese momento la obra, que deberá seguir el procedimiento estipulado en la ley de contratos del sector público para poder comenzar», explica la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales a preguntas de este diario. Posteriormente se adjudicarán los pisos siguiendo la normativa establecida en la legislación autonómica.

Desde el inicio en febrero de 2016 del llamado Protocolo de Desahucio y Lanzamiento en Materia de Vivienda de Promoción Pública de la Junta de Extremadura, se han recuperado paulatinamente 76 inmuebles en la capital cacereña que estaban ocupados de forma ilegal, y que ya se encuentran habitados por familias necesitadas que cumplen con todos los requisitos. El protocolo detecta los inmuebles en situación irregular, estudia la situación de las familias que viven dentro y les ayuda a acceder adecuadamente a una casa social, o bien inicia el desahucio según sus circunstancias, todo ello para dar un uso correcto al parque de vivienda pública.

En Cáceres, la gran mayoría de los 76 pisos recuperados se encuentran en Aldea Moret, un barrio que concentra buena parte de las 1.800 viviendas sociales de esta ciudad. Conscientes de la situación generada en el barrio, el ayuntamiento y la Junta han iniciado el proyecto Crisol, que se desarrollará en este distrito durante tres años para proporcionar apoyo y formación en todas las esferas de la vida a los vecinos que tienen más dificultades de encontrar un empleo. También se trabajará en la mejora de la convivencia dentro de los bloques de ciertas zonas.

La iniciativa pretende llegar a unas 300 personas en situación de vulnerabilidad, especialmente a mujeres, jóvenes sin cualificación profesional y mayores de 45 años. La Junta financia el programa con 392.714 € y el Instituto Municipal de Asuntos Sociales lo desarrolla con su personal.