El pleno del ayuntamiento acordó ayer instar a los grupos parlamentarios en el Congreso y al Gobierno a que se modifique la ley de estabilidad presupuestaria y que se incluya en los presupuestos generales del Estado. Con el cambio se pretende que haya mayor flexibilidad en el destino del superávit, que no tenga que ir solo a reducir la deuda, y que se suavice la aplicación de la regla de gasto, mecanismo de disciplina presupuestaria que impide que el gasto público crezca por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española (la referencia para 2017 es de 2,1%). El acuerdo se tomó con los votos a favor de los dos grupos mayoritarios, PP, que está al frente del gobierno local, y PSOE, del que partió la decisión con la moción que presentó. Ciudadanos se abstuvo y CACeresTú votó en contra.

El efecto que podría tener esta moción es muy relativo ya que solo se trata de instar a la Cámara Baja y al Gobierno. La portavoz de CACeresTú (Podemos), Consuelo López, lo dejó claro cuando afirmó que este tipo de mociones «no sirven para nada, solo son declaraciones de intenciones». Pero lo que sí hace la moción es trasladar al Ayuntamiento de Cáceres el debate que hay en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias y en otros ayuntamientos que quieren cambios en las limitaciones de la llamada ley Montoro, la ley de estabilidad presupuestaria en vigor desde 2012.

López presentó una enmienda a la moción del PSOE para que se diese un paso más y Cáceres se sumase a la Declaración de Valencia firmada por unos setenta ayuntamientos y que amplía con su decálogo las reivindicaciones al ministerio de Montoro. La concejala socialista María Ángeles Costa explicó que no se aceptaba la enmienda de CACeresTú por ir más allá del objetivo principal de la moción, la reinversión del superávit, pero sí se aceptó la del grupo municipal del PP, que estaba en la línea de la solicitud de la moción.

Costa insistió en que «lo más justo» es que la entidad local pueda utilizar su superávit en otros fines que no sean solo recortar la la deuda, la ley establece que se debe destinar a reducir el nivel de endeudamiento. La concejala del grupo socialista citó las inversiones o la mejora de los servicios públicos como otros fines.

La liquidación del presupuesto de 2016 se cerró con una capacidad de financiación o superávit de 5,8 millones, además el año se cerró con un remanente de tesorería para gastos generales de 7,8 millones de euros. No obstante, la deuda al cierre del pasado año estaba por encima de ambas cantidades. De obligaciones pendientes de pago incluidas en el presupuesto era de 11,1 millones y de acreedores pendientes de aplicar al presupuesto era de 5,5.

REMANENTE DE TESORERÍA / El superávit «no nos debe llevar a la euforia colectiva ni a borrar de un plumazo» medidas -como las de la ley de estabilidad presupuestaria- que han posibilitado que el ejercicio de 2016 se haya cerrado «con un remanente de tesorería positivo», afirmó el portavoz del PP, Rafael Mateos, que no obstante se mostró a favor de que haya «más flexibilidad» en el destino que el ayuntamiento puede dar a su superávit y en la regla de gasto que condiciona el crecimiento del gasto público.

El concejal de Ciudadanos Víctor Peguero se mostró a favor de reformar la ley de estabilidad presupuestaria, pero siempre que se haga con el objetivo de dar facilidades «a los que han gestionado bien» y que se siga poniendo límites «a aquellos que han hecho una gestión temeraria».