La moción que el grupo municipal socialista lleva al pleno que se celebra mañana traslada a la corporación local cacereña un debate en el que se están implicando muchos de los ayuntamiento del país, entre ellos algunos de los principales (Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia...), que se están rebelando contra la austeridad de la ley Montoro, la ley de estabilidad presupuestaria en vigor desde 2012. Lo que están demandando es que se pueda destinar el superávit presupuestario a otros fines y no solo al pago de deuda y que haya más flexibilidad en la aplicación de la regla de gasto, que impide que se supere la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto a medio plazo de la economía española. La referencia para este año es del 2,1% y para 2018 es del 2,3%.

En la moción se apunta que se producen paradojas como que el año 2015 se cerrase con un superávit de 6,3 millones y sin embargo se tuviese que recurrir unos meses después a un crédito de 5,7 millones para la financiación de inversiones, motivo por el que se plantea que el superávit se pueda destinar al gasto en inversiones o en mejoras de los servicios que se prestan al ciudadano.

En cumplimiento de la mencionada ley, el ayuntamiento cacereño ha ido cerrando los últimos años con superávit o capacidad de financiación positiva, en el 2016 fue de 5,8 millones de euros, incluso los dos últimos ejercicios también se han cerrado con un remanente positivo de tesorería para gastos generales. El destino que la legislación marca para el superávit y el remanente de tesorería es que vaya a atender las deudas por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto (las que hay de 2016 se llevarían casi la totalidad del superávit) y después a cancelar el resto de las obligaciones pendientes de pago a proveedores.

En cuanto al techo de gasto, el computable en la liquidación de 2015 fue de 55.505.787 euros frente a los 55.321.446 del año anterior, un aumento de 184.341 euros que estaba dentro del límite del 1,3% que para 2015 fijó el ministerio de Montoro. En 2016 también se cumplió la regla de gasto, pero los datos no se han hecho públicos. Con el superávit y el remanente de 2016 no hay suficiente para toda la deuda recogida en el presupuesto y la pendiente de aplicar. Para débitos no contemplados, como el de las sentencias, se ha recurrido al crédito del fondo de impulso económico de Hacienda.