Un juzgado de Madrid ha ordenado el ingreso en prisión de ocho personas por participar en una trama, dirigida desde la cárcel por el narco cacereño Pablo Vioque, que pretendía asesinar al teniente fiscal antidroga, Javier Zaragoza, a dos narcotraficantes arrepentidos y a dos letrados. El juez también ha imputado a una abogada y a dos funcionarios de prisiones.

Esta trama fue descubierta por la Guardia Civil a finales del año pasado mientras investigaba al narcotraficante venezolano Freddy T. S., quien acababa de salir de prisión tras cumplir una condena de nueve años de cárcel por tráfico de drogas.

Los agentes de la Benemérita comprobaron que Freddy intentaba contratar a otras personas para cometer los asesinatos. La Guardia Civil constató que detrás de esas maniobras se encontraba Vioque, gracias a que dos funcionarios de prisiones le permitían realizar llamadas desde su celda entre las 22.30 y las 23 horas.

CONTACTOS ´VIS-A-VIS´

Vioque también utilizó al recluso colombiano Diego L. C. para facilitar a Freddy fotografías y otros datos del teniente fiscal antidroga. Esa documentación le llegó a través de una colombiana de 22 años con la que Diego L. C. mantenía contactos vis- -vis . Además, una abogada que trabajaba en el despacho del letrado Jesús Muiña, que participa en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra Vioque y quien era uno de los objetivos de esta trama, facilitó a Freddy 2.000 euros para comprar un arma de fuego.

La pistola y el dinero debían ser entregados al sicario, quien percibiría 50.000 dólares (casi 8 millones de pesetas) por matar a Zaragoza y 100.000 dólares (casi 16 millones de pesetas) por asesinar a Manuel Vázquez y Juan Carlos Sotelo, los narcos que habían implicado a Vioque en el proceso de la Audiencia Nacional, así como al abogado Muiña y a otro letrado con el que estaba enfrentado el propio Vioque.

La Guardia Civil ha descubierto que el sicario tenía previsto contactar con la red 24 horas antes de matar a Zaragoza para cobrar su dinero y para diseñar el plan de fuga. El asesino debía ocultarse en una ciudad de la costa levantina, en la que permanecería a la espera de nuevas instrucciones hasta que pudiera trasladarse a Galicia.

Sin embargo, los planes se frustraron porque el teniente fiscal antidroga, Javier Zaragoza, ha cambiado recientemente de domicilio y su nueva dirección no aparece en el padrón de la ciudad.