El concejal responsable de Economía, Hacienda y Patrimonio, Lorenzo de la Calle, declaró ayer a este diario que el retraso en el pago a la protectora "es fruto de la situación de bancarrota heredada en el ayuntamiento, con un plan de disposición en tesorería que dejó el PP y que es el que contempla el régimen y la periodicidad de los pagos". El edil agregó que este mismo problema "afecta a otros contratistas y ciudadanos, y demuestra la situación precaria en la que estamos". No obstante, subrayó que se trabaja "en buscar soluciones con un plan de saneamiento".
Por su parte, la responsable de la perrera, la concejala Marcelina Elviro, se mostró ayer "preocupada" por su situación. "Espero reunirme pronto con la protectora porque tenemos que revisar el convenio e introducir aspectos bastante necesarios sobre su funcionamiento. La instalación requiere un cambio, hay que estudiarlo a fondo", matizó.
RECINTO ILEGAL Y es que la perrera ni siquiera es legal, al carecer de licencia. "Se trata de un problema difícil que nunca se ha asumido y que ahora tenemos que abordar los municipios de más de 20.000 habitantes. Habrá que buscar un nuevo espacio. Ya tengo prevista una reunión con la Junta", anunció.
