La problemática que sufre la prisión cacereña con la falta de funcionarios y la sobrecarga de presos puede dilatarse varios meses más. A pesar de que la Subdelegación del Gobierno en Cáceres trasladó la situación al Gobierno Central recientemente y éste mostró su intención de incorporar nuevo personal a la cárcel, la solución podría no llegar a tiempo.

El pasado 28 de marzo salía publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el concurso de traslados a nivel nacional, que concede 12 puestos para la prisión cacereña. Entre las plazas hay cinco para jefes de servicio, dos para coordinador de servicios de interior, una para servicio interior de vigilancia, una para jefe de oficina de área mixta, una para jefe de oficina, una para jefe de gabinete de director, y una para jefe de servicio de gestión de penas y medidas alternativas. El concurso traslados es una relación de plazas que saca la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, para que, dependiendo de la antigüedad y los méritos, el personal penitenciario pueda solicitar plaza en otra cárcel del país. El plazo para presentar las solicitudes es de 15 días hábiles desde el día siguiente a su publicación en el BOE, por lo que los funcionarios de prisiones tienen hasta el próximo 20 de abril para solicitar el traslado.

Sin embargo, la llegada de este personal a Cáceres podría demorarse unos cuatro meses, según informaron ayer desde el sindicato Acaip-Uso. Así, los nuevos funcionarios se incorporarían unos dos meses después de que regresen los 100 presos que fueron reubicados en otras cárceles nacionales cuando comenzaron las obras para la colocación de detectores de humo, ya que dos meses después de que finalicen éstas --que siguen en marcha tras haberse demorado y terminarán en un plazo de diez o doce días-- se reabrirá el módulo que actualmente sigue cerrado y volverán los reos. «Al director le prometieron aguantar dos meses con el módulo cerrado tras el final de las obras, pero en ese tiempo los nuevos funcionarios no habrán llegado», comentó ayer a este diario el responsable autonómico de Acaip-Uso, Dionisio Iglesias.

Ante esta situación, lo que demanda el sindicato es que se destine personal de prácticas al centro penitenciario de la capital cacereña, con el objetivo de paliar el déficit de personal existente mientras se incorporan los 12 nuevos empleados. «Se va acabando el tiempo para reaccionar. La esperanza que tenemos es que nos envíen personal de prácticas», remarcó Iglesias. En estos momentos, la Escuela de Estudios Penitenciarios de Madrid imparte formación teórica a los futuros funcionarios penitenciarios, que terminarán su aprendizaje a finales de mayo, momento en el que serán destinados a una cárcel nacional. «En función de las necesidades de los centros penitenciarios envían una cantidad de personal de prácticas u otra», apuntó Iglesias. En ese sentido, actualmente en la cárcel cacereña cuentan con ocho internos en prácticas de dos promociones diferentes. Dos de ellos se marcharán de manera inminente, mientras que el resto lo hará próximamente. «Necesitaríamos un número incluso mayor del que tenemos ahora con respecto al personal de prácticas para poder paliar de alguna manera esta situación», añadió el responsable autonómico de Acaip-Uso.

66 PUESTOS VACANTES / La cárcel sufre un problema de falta de personal grave desde hace tiempo. La prisión alberga a unos 440 presos cuando tiene capacidad para 301 y padece un déficit de personal del 32% con 66 plazas sin cubrir. En la cárcel existen 142 efectivos cuando la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) contempla 208. Además, de esos 142 empleados solo 80 ejercen como funcionarios interiores (aquellos que están en contacto con reos), debido a que 34 trabajadores han pasado a segunda actividad (otros siete harán lo propio en los próximos seis meses) y el resto ocupan puestos en otras áreas del centro (médicos, educadores...).